Análisis de la reforma fiscal y su relación con el gasto corriente y la deuda
La Ley 30-26, promulgada el 18 de junio de 2026, busca promover el crecimiento económico y la simplificación fiscal, pero su efectividad dependerá de la capacidad del Estado para transformar mayores recaudaciones en inversión productiva y servicios públicos de calidad.
La Ley 30-26, sobre Medidas Pro-crecimiento Económico, Simplificación Fiscal y Mitigación de la Crisis Internacional, fue promulgada el 18 de junio de 2026 con el objetivo declarado de promover el crecimiento sostenible, mejorar el cumplimiento tributario, fortalecer la disciplina fiscal y crear condiciones más favorables para la inversión y la generación de empleos, según la Presidencia de la República Dominicana.
La legislación modifica diversas disposiciones del Código Tributario y otras normas fiscales. Entre sus medidas, reduce de 27 % a 15 % la retención del ISR aplicable a determinados pagos de empresas dominicanas a proveedores no residentes por licencias de software, regalías, derechos de autor, publicidad digital y servicios de almacenamiento en la nube, de acuerdo con la Presidencia. También busca aumentar la presión tributaria de largo plazo mediante reglas más sencillas y previsibles.
El éxito de cualquier modificación tributaria dependerá de la capacidad del Estado para convertir mayores ingresos en mejores servicios públicos, infraestructura, productividad y oportunidades. Si el incremento de la recaudación termina absorbido principalmente por gastos permanentes, el efecto sobre el crecimiento potencial puede ser limitado. En 2026, DIGEPRES proyecta un gasto corriente de RD$1,407,548.7 millones, equivalente al 86.7 % del gasto total, frente a RD$215,284.7 millones de gasto de capital.
La evolución presupuestaria muestra una expansión significativa: el presupuesto del Gobierno Central pasó de aproximadamente RD$1.25 billones en 2023 a RD$1.42 billones en 2024, y para 2026 se proyecta en RD$1.623 billones, según DIGEPRES. Esta tendencia, junto con el peso del gasto corriente, reduce el margen de maniobra ante shocks externos, aumentos de tasas de interés o deterioro de las recaudaciones. El debate sobre la Ley 30-26 debe integrar el comportamiento del gasto, la inversión estatal, la nómina, el pago de intereses y la trayectoria de la deuda.
