Presidente de la SCJ cuestiona silencio del Ministerio Público en 10 casos disciplinarios
El presidente de la Suprema Corte de Justicia, Luis Henry Molina, expresó su frustración porque diez jueces destituidos por faltas graves en los últimos seis años no han sido sometidos a proceso penal, a pesar de que sus expedientes fueron remitidos al Ministerio Público.
En un encuentro con periodistas que cubren la fuente judicial, el presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), Luis Henry Molina, manifestó su frustración por la falta de acción del Ministerio Público en los casos de diez jueces destituidos por faltas graves en los últimos seis años. Según el Poder Judicial, los expedientes de estos magistrados fueron remitidos al órgano persecutor, pero ninguno ha enfrentado un proceso penal.
Molina explicó que los juicios disciplinarios del Consejo del Poder Judicial ‘pueden tener elementos penales’, los cuales deberían motivar una investigación por parte del Ministerio Público. El funcionario dijo no cuestionar a los fiscales y sugirió que tal vez ‘no encontró suficientes pruebas’ en los expedientes. No obstante, insistió en que la mayoría de los miembros de la judicatura son personas honestas, comprometidas y trabajadoras.
Los diez jueces destituidos son Manuel del Socorro Pérez García y Saulo Ysabel Díaz, presidente y miembro de la Cámara Penal de la Corte de Apelación de Santo Domingo; Robert Antonio de Aza Batista, juez de la Cámara Civil, Comercial y de Trabajo del Juzgado de Primera Instancia de San Juan de la Maguana; Reynaldo Antonio Soriano Cisnero, juez de la Instrucción del Distrito Judicial de Monseñor Nouel; Yohan Carlos Morales Peguero, del Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Judicial de La Altagracia; Gregorio Antonio Rivas Espaillat, de la Primera Sala de la Corte de Trabajo del Distrito Nacional; Juan Miguel Pérez Gómez, de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia de Valverde Mao; Robert E. Disla de León, juez de paz de Oviedo, en funciones de juez de la Instrucción de Pedernales; Francisco Rodríguez Consoró, del Noveno Juzgado de la Instrucción adscrito a la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional, y Modesto Amarante Peña.
Entre las acusaciones graves que enfrentaron en los juicios disciplinarios se incluye haber hecho negocios con acusados de narcotráfico. Molina también garantizó que en su gestión como presidente de la SCJ y del Consejo del Poder Judicial nunca ha permitido que se intervinieran los teléfonos de los jueces. ‘Eso que lo haga el Ministerio Público con una orden de un juez. Porque por una sanción disciplinaria no hay derecho a intervenir un teléfono. Puede haber un registro de llamadas, eso sí; pero no intervenir el teléfono a la persona’, afirmó.
