La jueza , del Primer Juzgado de la Instrucción de La Altagracia, impuso de al , investigado por la presunta falsificación de documentos que habrían sido utilizados para sustentar declaraciones de de personas extranjeras como ocurridas en República Dominicana.
deberá cumplir la medida de coerción en el , en Higüey.
El caso salió a la luz luego de que el detectara documentos que, según sus autoridades, utilizaban el y el sello de la institución, además de a funcionarios del centro, pese a que presuntamente no habían sido expedidos mediante los mecanismos oficiales.
El hospital presentó una contra el y entregó al los documentos que considera irregulares.
El del hospital, , explicó que una detectó inicialmente las y alertó a las autoridades del centro.
A partir de esa información, el hospital realizó una de la y detectó que, de acuerdo con , no habían sido generados mediante los.
El funcionario aseguró que en varios de los documentos aparece una a él, además del.
También se investiga el supuesto uso de la de un antiguo del establecimiento de salud, identificado como el doctor.
«Según comentan en los pasillos, que no lo puedo afirmar, se dice que hace tiempo él está incurriendo en para el centro», declaró , dejando claro que no podía confirmar personalmente desde cuándo se habrían producido las.
, abogado y representante jurídico del hospital, informó que entre las evidencias presentadas al tribunal figura un análisis realizado por el.
Según el abogado, el estableció que una de las firmas contenidas en los no corresponde con la del funcionario a quien se atribuye.
«En el se determinó que la que tienen los documentos no es la misma», afirmó.
Rodríguez Carpio sostuvo además que, conforme a la , el habría mandado a fabricar en una imprenta un al utilizado por el.
«Realizó un al que usa el para firmar los «, indicó.
La relevancia del documento radica en que el certificado de nacido vivo es una de las piezas que permiten acreditar ante.
La , Orgánica de los Actos del Estado Civil, establece que el debe acreditarse ante el oficial civil mediante la verificación o autenticación del expedido por el que participó en el parto o por la autoridad médica del hospital o clínica donde ocurrió.
La misma legislación dispone que una sustentada en pruebas falsas que pueda alterar la filiación, la nacionalidad u otro atributo de la personalidad jurídica puede ser anulada judicialmente y que los responsables pueden ser sometidos ante los tribunales por.
Es precisamente por esa función dentro del sistema de registro que las autoridades buscan determinar quiénes los utilizaron y qué trámites se realizaron posteriormente con ellos.
aseguró que la se encuentra revisando la relacionada con el expediente para determinar hasta dónde llegaron las.
El del hospital explicó que los trámites bajo no habrían sido realizados en la delegación de la que funciona dentro del propio , sino en otra dependencia del organismo electoral.
Todavía no se ha establecido públicamente , cuántas personas pudieron beneficiarse de ellos ni si existen registros que deban ser anulados.
Tampoco se ha determinado si el habría.
Mientras avanzan esas pesquisas, permanecerá recluido en el de por disposición del tribunal..
