Estrategia legal de Maduro podría frenar juicio por narcoterrorismo en 2027
La defensa de Nicolás Maduro presentó este miércoles dos mociones en una corte de Nueva York para desestimar el caso en su contra, argumentando inmunidad soberana como jefe de Estado de facto. Este movimiento legal, que será respondido por la Fiscalía antes del 2 de octubre, podría tener implicaciones en la lucha global contra el narcotráfico y en la cooperación judicial entre países, incluida República Dominicana.
El depuesto presidente venezolano Nicolás Maduro, preso en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn desde su captura en Caracas el 3 de enero, enfrenta cargos por narcoterrorismo, importación de cocaína y posesión de armas automáticas. Su abogado, Barry Pollack, presentó dos mociones: una para desestimar toda la acusación bajo el principio de inmunidad soberana, y otra, subsidiaria, para eliminar el cargo de conspiración por narcoterrorismo. Este caso, que será visto por el juez Alvin Hellerstein, podría convertirse en un referente para la justicia internacional.
La primera moción argumenta que un tribunal estadounidense no tiene jurisdicción sobre Maduro porque es ‘jefe de Estado de facto’ y sus actos son ‘atribuibles a los cargos oficiales’. ‘El Tribunal carecería de jurisdicción sobre el señor Maduro si este tuviera derecho o bien a la inmunidad soberana basada en su condición de jefe de Estado o bien a la inmunidad soberana basada en la conducta. Tiene derecho a ambas’, sostiene el escrito. Además, piden cerrar el caso ‘con perjuicio’, lo que impediría que la acusación se repita. Para la diáspora dominicana y los analistas internacionales, esta defensa podría sentar un precedente sobre cómo se procesa a líderes extranjeros.
Maduro alega inmunidad soberana para frenar juicio en Nueva York
La segunda moción busca desestimar el cargo de narcoterrorismo, argumentando que la ley estadounidense no fue formulada adecuadamente para un ciudadano extranjero por conducta ocurrida fuera de EE. UU. Pollack alega que no se establece la ‘intención de causar perjuicio a Estados Unidos, sus ciudadanos o sus intereses’, y que el cargo ‘no está dentro de la autoridad del Congreso para regular’. Este punto es clave, ya que podría limitar el alcance de la ley contra el narcotráfico en casos internacionales, afectando la cooperación con países como República Dominicana.
El contexto no es menor: la esposa de Maduro, Cilia Flores, también solicitó la desestimación de sus cargos, invocando su inmunidad como primera dama y citando casos como los de Imelda Marcos, Rania de Jordania y Paloma Cordero de la Madrid. Mientras tanto, la Fiscalía de EE. UU. tiene hasta el 2 de octubre para responder, y la vista está programada para el 17 de noviembre, antes del juicio fijado para junio de 2027. Este cronograma sugiere un proceso largo que podría redefinir las normas de inmunidad en el siglo XXI.
Para República Dominicana, que mantiene relaciones diplomáticas y comerciales con Venezuela, y que es un punto de tránsito en la región, el desenlace de este caso podría influir en las políticas antidrogas y en la cooperación judicial con Washington. La tendencia global hacia la rendición de cuentas de líderes acusados de crímenes transnacionales se pone a prueba, y el mundo observa cómo Nueva York se convierte en el escenario de un debate jurídico sin precedentes.
