La acción contra nueve edificaciones ilegales refuerza la lucha contra la impunidad ambiental en el país.
El Ministerio de Medio Ambiente intervino un complejo hotelero ilegal en la ribera del Yaque del Norte, en Jarabacoa, en una operación que reafirma la política de «tolerancia cero» del Gobierno dominicano frente a los delitos ambientales, un mensaje que resuena a nivel nacional e internacional.
En un operativo realizado este sábado, el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales intervino un complejo de nueve edificaciones construidas ilegalmente en la franja de protección de 30 metros del río Yaque del Norte, en la comunidad La Guázara, Jarabacoa. Las autoridades detectaron que seis de las estructuras están casi sobre la ribera, y tres a 21.3 metros del cauce, lo que representa una grave violación a las normas ambientales.
La intervención, liderada por la Dirección de Fiscalización Ambiental, contó con el apoyo del SENPA, el Ejército y la Policía Nacional. Los representantes legales del propietario aceptaron la entrega en decomiso de cinco de las edificaciones, incluyendo una de dos niveles con ocho habitaciones destinada a uso hotelero. Este acuerdo marca un precedente en el país sobre la responsabilidad de los infractores ambientales.
El ministro Paíno Henríquez fue enfático: «Nuestra posición es clara: tolerancia cero frente a todo ilícito ambiental que atente contra nuestra naturaleza. No importa dónde ocurra ni quién lo cometa». Esta declaración envía una señal fuerte a nivel nacional, en momentos en que la protección de los recursos naturales es una tendencia global y una exigencia de organismos internacionales.
El caso, que ya acumulaba una sanción administrativa de RD$138,600, demuestra que el pago de multas no regulariza construcciones ilegales ni autoriza continuar obras. Medio Ambiente evaluará las estructuras decomisadas para determinar si pueden ser aprovechadas en proyectos comunitarios o ecoturísticos, una práctica que podría replicarse en otras regiones del país.
Mientras se formaliza el acuerdo, no se permitirán nuevas construcciones ni ampliaciones en el complejo. La decisión de intervenir responde a la necesidad de evitar que escombros, lodos o varillas lleguen al cauce del río, protegiendo así el ecosistema y las actividades recreativas y ecoturísticas que dependen de él, un ejemplo de gestión ambiental que posiciona a República Dominicana como referente en la región.
