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Nacional

Ministerio Público solicita prisión preventiva contra pareja acusada de torturar y matar a niña de 7 años

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Ministerio Público solicita prisión preventiva contra pareja acusada de torturar y matar a niña de 7 años
Ministerio Público solicita prisión preventiva contra pareja acusada de torturar y matar a niña de 7 años

El caso de Yokeiry Coronado y Jeider Montero expone fallas en el cuidado delegado y la violencia infantil

El Ministerio Público solicita prisión preventiva contra Yokeiry Coronado de la Cruz y su pareja Jeider Montero Medina por presuntamente torturar y causar la muerte de una niña de siete años en el Distrito Nacional, un caso que reaviva el debate sobre la protección infantil en República Dominicana.

De acuerdo con la solicitud de medida de coerción, Coronado de la Cruz viajó en abril a Peralvillo, Monte Plata, para pedir a su sobrina Estefani Morla Coronado que le entregara a la niña, prometiendo darle una mejor vida. La madre accedió por sus condiciones precarias y mantenía comunicación por videollamadas de WhatsApp, pero en los últimos meses la imputada le decía que la niña dormía para evitar que verificara su estado.

El documento indica que entre julio y agosto, en la calle Respaldo Eugenio Perdomo, sector Los Guandules, se cometieron actos de tortura y barbarie contra la menor S.C., de 7 años. La pareja de la imputada, Jeider Montero Medina, sabía de los abusos pero no los denunció, y estos culminaron en la muerte de la víctima el 16 de agosto de 2025.

La médico forense certificó que la causa del fallecimiento fue maltrato reiterado, según el Acta de Levantamiento de Cadáver No. 0100959. La versión de la imputada no coincidió con el peritaje, lo que llevó a su arresto. La audiencia de coerción, prevista para este martes, fue aplazada a solicitud del abogado de Montero Medina, quien requirió más tiempo para estudiar el expediente.

El abogado de la madre, Wilson González, afirmó que Estefani Morla no sabía de los maltratos y que entregó a la niña a su tía porque no tenía hijos. Aunque el letrado reconoció que el maltrato era recurrente, señaló que la progenitora no visitaba a la menor debido a su trabajo. El caso pone en evidencia los riesgos de la delegación informal del cuidado infantil.


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