Falta de quórum judicial retrasa seis años un proceso con implicaciones internacionales
El Tribunal Colegiado de San Pedro de Macorís pospuso para el 2 de octubre el juicio contra el segundo teniente del Ejército Orlando Ramírez Medina, acusado de violencia de género e intrafamiliar y trata de personas en perjuicio de su expareja, una ciudadana venezolana. La audiencia se reenvió porque solo se presentó una de las juezas del colegiado.
La procuradora adjunta María del Carmen de León, del equipo del Ministerio Público, informó que el tribunal no estuvo conformado en su totalidad: “Es un tribunal colegiado y solo vino una juez, entonces ella reenvió para el 2 de octubre el conocimiento de esta causa”, declaró a la salida del tribunal. De León cuestionó los constantes aplazamientos que han impedido el avance del proceso iniciado hace aproximadamente seis años.
La representante del órgano acusador recordó que en la audiencia del pasado 27 de mayo la víctima no fue trasladada al tribunal. En esa ocasión el proceso fue suspendido para el 27 de julio, pero los jueces se inhibieron alegando que previamente habían conocido otro proceso penal relacionado con la víctima. “El Ministerio Público está listo para conocer su acusación. Siempre estamos listos, ya lo demás escapa a una respuesta de nosotros”, sostuvo De León.
De León calificó el expediente como delicado debido a que involucra presuntas violaciones de derechos fundamentales relacionados con la violencia de género y la trata de personas, protegidos tanto por la legislación nacional como por convenios internacionales, entre ellos la Convención de Palermo. El caso pone de relieve los desafíos en la persecución de delitos transnacionales y la protección de víctimas migrantes.
Según la investigación del Ministerio Público, Ramírez Medina, quien también es empresario, habría agredido física, verbal y psicológicamente en varias ocasiones a su expareja, además de amenazarla de muerte y con gestionar su deportación de República Dominicana. Uno de los hechos señalados ocurrió el 13 de noviembre de 2019, alrededor de las 7:10 de la mañana, en la residencia del procesado ubicada en el sector Hazim, de San Pedro de Macorís. De acuerdo con el expediente, ese día el militar habría agredido físicamente y amenazado de muerte a la mujer, provocándose múltiples traumas en el antebrazo y la pierna derecha, lesiones documentadas mediante un examen del Inacif. La acusación por trata de personas sostiene que Ramírez Medina habría contactado a la mujer a través de redes sociales, facilitado su llegada a República Dominicana y posteriormente la habría explotado laboralmente, aprovechándose de su situación de vulnerabilidad, ejerciendo fuerza y abuso de poder para someterla a una relación de carácter servil, limitando su libertad ambulatoria y su derecho a la intimidad. La investigación fue realizada por la Fiscalía de San Pedro de Macorís, la Unidad de Atención a Víctimas de Violencia de Género, Intrafamiliar y Delitos Sexuales, y la Procuraduría Especializada contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas.
