EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Organizaciones de la sociedad civil y personas particulares interpusieron una Acción Directa de Inconstitucionalidad (ADI) ante el Tribunal Constitucional (TC) contra varias disposiciones de la Ley 74-25, argumentando que la segunda causal, incompatibilidad del feto con la vida extrauterina, es compatible con la Carta Magna y que la continuación forzada de un embarazo inviable vulnera la dignidad y los derechos fundamentales de mujeres, adolescentes y niñas.
Entre las accionantes destaca la prominente activista Rosa Herminia Hernández, madre de la adolescente Rosaura Almonte Hernández “Esperancita”, cuya trágica fatalidad conmocionó al país en 2012 cuando falleció a los 16 años de edad tras negársele la quimioterapia para la leucemia por estar embarazada.
De acuerdo a un comunicado de prensa, su caso constituye el principal antecedente de esta demanda, presentada en conjunto con la Alianza Cristiana Dominicana y Católicas por el Derecho a Decidir República Dominicana.
El recurso solicita declarar inconstitucionales los artículos 106, 107, 108, 111 y la expresión «fuera de la eximente del artículo 111» del artículo 110 de la Ley 74-25. De acuerdo con las demandantes, la norma actual impone una carga corporal y emocional desproporcionada al criminalizar la interrupción del embarazo en circunstancias donde la ciencia médica determina que no existe posibilidad de supervivencia fuera del útero.
Al respecto, Ivanna Molina, jurista e integrante del equipo legal, explicó que la acción no busca modificar el artículo 37 de la Constitución ni eliminar la protección prenatal, sino interpretarlo de manera armónica con los derechos a la vida, la salud y la dignidad.
«Lo que plantea el recurso es que la Constitución no obliga al Estado a imponer cargas desproporcionadas cuando la protección que persigue la norma ya no puede alcanzarse desde el punto de vista médico», afirmó Molina.
Asimismo, el recurso cita como antecedente relevante la sentencia ADPF No. 54 del Supremo Tribunal Federal de Brasil sobre embarazos con anencefalia. Dicho fallo estableció que obligar a prolongar un proceso gestacional inviable genera un sufrimiento psicológico profundo e intenso, contraviniendo el principio de razonabilidad que debe regir al derecho penal.
