Nueve estados cuestionan el uso de fondos públicos para cancelar proyectos renovables
Una coalición de nueve estados, liderada por California y Nueva York, demandó este martes al Gobierno de Donald Trump por pagar más de 111 millones de dólares a Invenergy para que abandone un contrato de energía eólica en Morro Bay. El caso expone la pugna entre la promoción de combustibles fósiles y el impulso a las renovables.
Los fiscales generales de California, Nueva York y otros siete estados presentaron demandas separadas contra la administración Trump por utilizar dinero de los contribuyentes para deshacer contratos de producción de energía eólica. El fiscal de California, Rob Bonta, anunció un segundo litigio que busca anular el acuerdo por el que la Casa Blanca pagó más de 111 millones de dólares a Invenergy para que abandone su contrato de arrendamiento en el área de energía eólica de Morro Bay, frente a la costa central de California.
La querella alega que el acuerdo, firmado en junio pasado por el Departamento del Interior (DOI), incluía una exigencia para que las filiales de Invenergy inviertan la misma cantidad en proyectos de combustibles fósiles o geotermia fuera del estado. «En un momento en que necesitamos más energía limpia y confiable, el presidente Trump intenta enviar 111 millones de dólares a sus amigos de la industria de combustibles fósiles y quiere que los contribuyentes y las familias trabajadoras paguen la factura», dijo Bonta en un comunicado.
La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, declaró que «el plan ilegal de la administración Trump de sobornar a las empresas para que renuncien a los proyectos eólicos marinos planificados en Estados Unidos es un abuso indignante de los fondos públicos». Se esperaba que los dos proyectos cancelados en Nueva York aportarían una inversión de más de 16,000 millones de dólares al estado y crearían más de 2,800 nuevos empleos. Los fiscales generales de Connecticut, Delaware, Maine, Massachusetts, Nueva Jersey, Rhode Island y Vermont se unieron en la demanda presentada por Nueva York.
A inicios de agosto, el Ejecutivo acordó pagar 1,220 millones de dólares a RWE U.S. Offshore, una empresa de energía eólica marina, para que renunciara a tres importantes contratos de arrendamientos en las costas de California, Nueva York y Luisiana. Estos no serían los únicos proyectos afectados por la cruzada de la Casa Blanca contra el desarrollo de este tipo de energías.
