Masacre de Kenscoff deja 47 muertos y evidencia flujo ilegal de armas
La Oficina de Naciones Unidas para los Derechos Humanos advirtió este viernes que la masacre del 23 de agosto en Kenscoff, en las afueras de Puerto Príncipe, dejó al menos 47 personas asesinadas y 22 heridas, y puso de manifiesto el creciente flujo ilegal de armas y municiones que alimenta la violencia de las bandas armadas en Haití.
El alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, reclamó a las autoridades haitianas reforzar la protección de la población y garantizar investigaciones independientes e imparciales sobre las violaciones y abusos cometidos. Türk también pidió que las unidades judiciales especializadas en la investigación de crímenes masivos sean plenamente operativas y que se despliegue la Fuerza de Supresión de Bandas (GSF) para enfrentar la creciente amenaza de los grupos armados.
Según Naciones Unidas, la disponibilidad de armamento se ha convertido en un factor determinante para que las bandas mantengan y amplíen su control territorial en distintas zonas de Haití. La organización señaló que, un día después de la masacre de Kenscoff, otra banda que opera en Puerto Príncipe aparentemente exhibió en redes sociales un nuevo cargamento de armas procedente del extranjero, pese al embargo de armas impuesto por la ONU a Haití desde 2022.
Solo entre abril y junio, Naciones Unidas registró 1,408 muertos y 656 heridos como consecuencia de la violencia relacionada con las bandas armadas. A estas cifras se suman 326 víctimas de violencia sexual durante ese mismo período. Sin embargo, la ONU considera que el número real podría ser considerablemente mayor debido al miedo a represalias, el estigma social, las dificultades para acceder a servicios de atención y la falta de confianza en la Policía.
La nueva masacre vuelve a colocar a Haití ante una grave crisis de seguridad, mientras las bandas continúan ampliando su capacidad de fuego y control territorial. La advertencia de la ONU subraya la urgencia de acciones concretas para proteger a la población civil y restaurar el orden en el país.
