El secretario general urge una reunión de cancilleres para adoptar medidas concretas tras el veto opositor
El secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Albert Ramdin, afirmó este jueves que la reunión de cancilleres sobre Nicaragua no debe limitarse a condenar lo ocurrido, sino que debe servir ‘para tomar medidas’, entre ellas sanciones financieras y prohibiciones de viaje contra determinadas personas.
En un encuentro con agencias de noticias internacionales, entre ellas EFE, Ramdin expresó su confianza en que la reunión se celebre ‘lo antes posible, poco después de la Asamblea General de Naciones Unidas (de finales de septiembre)’. Explicó que continúan las conversaciones entre Estados Unidos, anfitrión del encuentro, y los demás Estados miembros de la OEA para ‘materializar una fecha aceptable para todos’ que permita además la participación de un ‘número óptimo’ de ministros de Exteriores.
El Consejo Permanente de la OEA, con sede en Washington, aprobó el pasado 19 de agosto convocar una reunión de ministros de Exteriores del organismo, todavía sin fecha, para abordar la situación en Nicaragua, después de que el presidente del país, Daniel Ortega, amenazara con cancelar las elecciones. La convocatoria fue aprobada con el voto a favor de 26 países, el rechazo de Brasil y la abstención de México.
La reunión de cancilleres de la OEA es un mecanismo extraordinario al que el organismo recurre raramente para abordar asuntos de especial importancia para la región. Nicaragua abandonó formalmente la OEA en 2023, después de años de críticas de la organización al Gobierno de Ortega y a su reelección.
El pasado 4 de septiembre, la Asamblea Nacional de Nicaragua inició el proceso para reformar la Constitución e impedir la participación en los comicios de opositores considerados ‘traidores a la patria’, en un movimiento con el que Ortega y su esposa, la copresidenta Rosario Murillo, buscan consolidar su poder. Ortega, un exguerrillero sandinista de 80 años, gobierna Nicaragua desde 2007 en medio de acusaciones de fraude electoral, persecución política de rivales para evitar la competencia electoral.
