Gobierno de Maduro llevará pacto a la Asamblea mientras Trump lo califica como el mayor de la historia
El gobierno venezolano salió al paso de las críticas y aclaró que mantiene el control y la propiedad de su petróleo tras el histórico acuerdo con Estados Unidos para explotar una quinta parte de sus reservas. La ministra de Hidrocarburos, Paula Henao, negó que el país pierda soberanía y anunció que el convenio será presentado a la Asamblea Nacional.
En entrevista con Venevisión, Henao afirmó que «el control y la propiedad de los recursos en el subsuelo indiscutiblemente siguen siendo de Venezuela». El acuerdo, que según Trump asegura el «control mayoritario estadounidense sobre más de 65.000 millones de barriles de reservas probadas», fue calificado por el mandatario estadounidense como el mayor de «la historia mundial» y como «un regalo de Venezuela para el pueblo de Estados Unidos».
La ministra respondió que se trata de «un acuerdo comercial» para que haya inversión y tecnología en el país, y que «el regalo que el pueblo venezolano ofrece al pueblo estadounidense es la garantía de un suministro confiable de esa energía». Asimismo, negó que Venezuela pierda soberanía y anunció que el Gobierno presentará el acuerdo binacional a la Asamblea Nacional, controlada por el chavismo, aunque no especificó cuándo.
Según el Gobierno venezolano, el convenio tiene una vigencia de veinticinco años y consiste en el desarrollo de diecisiete campos con un total de 65.000 millones de barriles, con un objetivo de producción superior a los 1,5 millones de barriles por día (bpd). Henao indicó que actualmente el país produce un promedio de 1.236.000 bpd y que se prevé que llegue a 1,4 millones al cierre de 2026. En 1998, un año antes de que el chavismo llegara al poder, se produjeron 3,1 millones de bpd de crudo.
El Gobierno asignó los diecisiete campos del acuerdo a la empresa North American Blue Energy Partners (NABEP), que ha otorgado al Pentágono una participación accionaria del 35 %. Detrás de NABEP está el empresario Alejandro Betancourt, director de la empresa, a quien las autoridades de España y Suiza investigan por presunto blanqueo de capitales y fraude fiscal.
