La cercanía geopolítica con Estados Unidos deja escaso margen de maniobra a Santo Domingo
La reciente solicitud de la Casa Blanca para que República Dominicana sirva como escala en el traslado de migrantes deportados ha reavivado el debate sobre los límites de la soberanía nacional. El episodio recuerda la negativa que España e Italia plantaron a Washington cuando pidió usar sus bases para reabastecer aeronaves en la campaña militar contra Irán, una decisión que enfureció al presidente Donald Trump pero que esas naciones europeas pudieron sostener gracias a su peso geopolítico.
El caso dominicano es radicalmente distinto. La ubicación del país dentro de la esfera de influencia directa estadounidense, sumada a su condición de principal socio comercial, reduce drásticamente la capacidad de respuesta. No se trata de una cuestión de sometimiento, sino del ejercicio más elemental de realismo político. Invocar conceptos como dignidad nacional o soberanía absoluta frente a una potencia hegemónica desconoce las reglas con las que opera el tablero internacional.
El presidente Luis Abinader había manifestado hace aproximadamente un año que no aceptaría ni estaba obligado a recibir ciudadanos de terceros países. Las condiciones, sin embargo, han mutado. Las autoridades dominicanas lograron introducir salvaguardas importantes: no se admitirán personas de nacionalidad haitiana ni individuos con antecedentes penales por delitos graves. Estas limitaciones representan un ejercicio de dignidad posible dentro de los márgenes estrechos que impone la realidad.
Conviene recordar que el país caribeño no es el único que ha alcanzado entendimientos de esta naturaleza con la administración estadounidense. El Salvador, Costa Rica y Panamá han suscrito acuerdos de características similares, lo cual no justifica pero sí contextualiza la decisión. La numerosa diáspora dominicana residente en territorio norteamericano añade otra capa de complejidad a la ecuación.
El costo económico, por lo demás, recae enteramente sobre las arcas estadounidenses. Washington asume todos los gastos logísticos y administrativos del proceso. Esta circunstancia despeja cualquier argumento sobre una carga fiscal indebida para el erario público dominicano.
En última instancia, el episodio ilustra una verdad incómoda pero insoslayable: las naciones pequeñas ubicadas en el patio trasero de una superpotencia ejercen su soberanía dentro de los límites que la correlación real de fuerzas les permite.
