Fiscales revelan entramado que usaba datos confidenciales y nombres falsos para desfalcar al seguro estatal
El caso SeNaSa 2.0-A destapa una presunta estructura criminal que, según el Ministerio Público, infiltró el Seguro Nacional de Salud para generar autorizaciones médicas fraudulentas y reclamar pagos millonarios, en una trama que involucra a 25 personas y que pone en evidencia fallas en los controles internos de la institución.
La solicitud de medida de coerción de 525 páginas presentada por el Ministerio Público contra 25 personas, entre exempleados de SeNaSa, médicos y particulares, describe cómo los imputados habrían conformado una estructura criminal que utilizaba información privilegiada y el conocimiento de los protocolos internos de la aseguradora estatal. Los titulares de la Dirección General de Persecución y de la Pepca, Wilson Camacho y Mirna Ortiz, sostienen que la red operó con un alto grado de sofisticación.
De acuerdo con la instancia judicial, los involucrados seleccionaban estratégicamente perfiles de afiliados con bajo historial de interacción institucional para minimizar el riesgo de detección. Con esos datos, generaban autorizaciones médicas y reclamaciones a nombre de personas que después declararon no haber recibido los servicios facturados; algunas incluso afirmaron desconocer a los médicos vinculados a los reclamos.
Los fiscales afirman que los miembros de la presunta red utilizaron nombres ficticios, como Pedro Martínez, Ángel Beltré y Amauris Gutiérrez, al contactar al centro de llamadas de SeNaSa para solicitar autorizaciones. También empleaban códigos reales de médicos que formaban parte del grupo, quienes habrían recibido beneficios económicos a cambio de permitir el registro de consultas y procedimientos ficticios. Los recursos obtenidos se repartían según acuerdos previos.
Entre las evidencias, el Ministerio Público menciona reclamaciones por consultas de ginecología a afiliados masculinos, procedimientos ambulatorios sin historia clínica, descripción quirúrgica, documento de identidad ni soportes requeridos, así como reclamaciones incompletas sin sello del médico o del prestador, sin número de afiliación (NAF), teléfono del médico o PSS y ciudad, además de documentos con tachaduras, enmendaduras y errores en la numeración de autorizaciones y montos. La estructura también habría falsificado firmas de afiliados para elaborar reportes de autorizaciones médicas y sustentar reclamaciones cobradas a SeNaSa.
