El caso revela cómo una agencia de viajes y 57 cuentas bancarias movieron más de 20 millones de dólares
Un jurado federal en Tampa declaró culpable a Lázaro Alain Cabrera-Rodríguez, un cubano de 28 años, por conspiración para el tráfico de migrantes con fines de lucro y lavado de dinero. La red operaba con solicitudes falsas de ESTA y vuelos privados, y enfrenta penas de hasta 20 años.
El Departamento de Justicia (DOJ) anunció este viernes que Lázaro Alain Cabrera-Rodríguez, vecino de Hialeah, Florida, fue declarado culpable por un jurado federal en Tampa de conspiración para el tráfico de migrantes con fines de lucro y dos cargos de conspiración para el lavado de dinero. La Fiscalía detalló que utilizaba su agencia de viajes como tapadera para presentar al menos 600 solicitudes falsas de autorización electrónica de viaje (ESTA, en inglés), el permiso con el que entran sin visado a EE. UU. ciudadanos de países como España.
La trama explotaba una restricción migratoria: los cubanos no pueden usar el sistema ESTA, por lo que la red los hacía pasar por ciudadanos europeos y declaraba que no habían pisado Cuba desde 2011, aunque seguían en la isla. Uno de sus grupos de WhatsApp se llamaba ‘Trámite de ESTA y visa de turismo a USA para ciudadanos españoles’, según la acusación de 2025. La organización promovió la entrada de miles de cubanos por la frontera sur de EE. UU. y cobraba entre 1,500 y 40,000 dólares, a veces fletando aviones privados para trasladar a grupos de migrantes.
Las autoridades estiman que por las 57 cuentas bancarias que controlaban pasaron más de 20 millones de dólares. Nicholas Ingegno, director interino de la oficina en Tampa de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI, en inglés), señaló que la red trataba a las personas «como mercancía» y se aprovechaba de su desesperación para lucrarse. Cabrera-Rodríguez enfrenta hasta 20 años de prisión y conocerá su sentencia el 17 de diciembre.
En la misma causa, otras once personas fueron acusadas en septiembre de 2025; siete se declararon culpables y esperan sentencia, mientras que una octava fue condenada en julio a dos años y medio de prisión. El caso evidencia la persistencia de redes transnacionales que lucran con la migración irregular y la necesidad de cooperación internacional para desmantelarlas.
