Informe de la ONU revela vínculos con agentes corruptos mientras decomisos en República Dominicana no identifican a los líderes
El tráfico de armas hacia Haití es una de las principales causas de la violencia armada que ha dejado más de 5,700 muertos o heridos en 2026, según la ONU. A pesar de los decomisos en la frontera y puertos dominicanos, las autoridades no han identificado públicamente a los responsables de mayor jerarquía de estas redes.
Un informe del Consejo de Seguridad de la ONU, elaborado por el Panel de Expertos sobre Haití, sostiene que una parte significativa de las armas y pertrechos bélicos que ingresan ilegalmente a ese país termina en manos de bandas criminales como 400 Mawozo, 5 Segond, Gran Grif, Kokorat San Ras y Tokyo, grupos que mantienen a ese territorio sumido en el caos y agravan su crisis social y política. El tráfico de armas es una de las principales causas de la persistente violencia armada en Haití, una realidad que ha dejado más de 5,700 personas muertas o heridas en lo que va de 2026, según registros de la Oficina de la ONU para los Derechos Humanos.
Aunque no todos los cargamentos llegan a su destino, ya que algunos son interceptados por las autoridades antes de cruzar la frontera, las investigaciones de las autoridades dominicanas no han permitido identificar públicamente a los responsables de mayor jerarquía de estas redes de tráfico. El informe de la ONU revela vínculos con agentes corruptos y deja interrogantes sobre el destino de las municiones vinculadas a las unidades militares.
Entre los operativos realizados por agencias de seguridad y las autoridades aduaneras dominicanas contra estas redes se destaca el ocurrido el 8 de noviembre de 2022 en el paso fronterizo de Elías Piña, donde agentes del Cesfront detuvieron a dos mujeres haitianas que viajaban en una pipeta Lexus blanca junto con una niña de un año y tres meses. De acuerdo con las autoridades, ambas mujeres intentaban introducir ilegalmente en Haití 22,160 municiones: 12,000 de calibre 7.62 milímetros y 10,160 de calibre 5.56 milímetros. Posteriormente, la menor fue entregada a su padre a través del Conani. En un primer momento, el Juzgado de Atención Permanente de Elías Piña impuso tres meses de prisión preventiva a Milien Midrene Manessa y Fara Josef, señaladas por el Ministerio Público como presuntas responsables del hecho. Sin embargo, en julio de 2024, dos años después del decomiso, el Tribunal Colegiado de Elías Piña condenó únicamente a Milien Midrene Manessa, quien recibió una pena de 10 años de prisión que debía cumplir en la cárcel pública de Barahona.
El puerto de Haina fue escenario de dos operaciones distintas a comienzos de 2025, ambas relacionadas con cargamentos procedentes de Estados Unidos. El primer caso fue informado por la DGA el 24 de febrero de 2025, que detectó mediante escáneres de rayos X 37 armas de fuego ocultas en dos tanques para compresor dentro de un contenedor procedente de Brooklyn, Nueva York. El cargamento incluía 30 fusiles de distintos calibres, seis pistolas Glock Gen 5 calibre 9 milímetros, una pistola Smith & Wesson SD9 VE del mismo calibre y 37 cargadores para fusiles. Aunque la DGA no precisó el destino final de la carga, el informe de la ONU incluye este decomiso entre los casos relacionados con el tráfico de armas hacia Haití. Como parte de la investigación, la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santo Domingo Oeste impuso prisión preventiva a Luz María Altagracia Mercado, señalada en el caso junto con Rafael Normando Liriano Fondeur.
