Propuestas buscan aliviar cargas a mipymes y evitar litigios en el Código de Trabajo
La Comisión Permanente de Trabajo de la Cámara de Diputados tiene solo lunes y martes para analizar más de 50 observaciones a la reforma del Código de Trabajo, con miras a presentar un informe definitivo este miércoles ante el pleno.
El proceso de reforma al Código de Trabajo de República Dominicana entra en una fase decisiva. La Comisión Permanente de Trabajo de la Cámara de Diputados deberá revisar más de 50 propuestas y observaciones presentadas por organizaciones empresariales, juristas y legisladores, con el objetivo de consensuar un informe definitivo que será presentado este miércoles ante el pleno para su conocimiento y debate.
Las observaciones plantean modificaciones significativas a disposiciones aprobadas en primera lectura, con el fin de reducir cargas para las empresas, especialmente las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes), y evitar interpretaciones que generen mayores litigios laborales. Entre las propuestas figura un tope máximo de seis meses de salario para sanciones a empleadores que retrasen el pago de prestaciones, limitando la penalidad al monto adeudado.
También se propone que las autorizaciones para suspensión de contratos de trabajo solicitadas al Ministerio de Trabajo se consideren aprobadas automáticamente si la entidad no responde en 15 días, bajo el principio de silencio administrativo positivo. En acoso laboral, se plantea que el trabajador notifique previamente al empleador antes de presentar una dimisión justificada, dando oportunidad de investigar y corregir.
En teletrabajo, se permitiría al empleador disponer el retorno a la modalidad presencial con al menos 15 días de anticipación, sin autorización previa de las autoridades laborales. Sobre trabajo doméstico, la propuesta elimina el límite de ocho horas diarias y mantiene la naturaleza especial e intermitente, estableciendo solo períodos mínimos de descanso entre jornadas. Asimismo, se sugiere que los acuerdos de jornadas extendidas sean suscritos por el sindicato más representativo de la empresa, y no necesariamente por todos los sindicatos existentes. En el ámbito judicial, se busca facilitar la suspensión de ejecución de sentencias laborales recurridas en apelación para evitar embargos inmediatos mientras los casos son conocidos por tribunales superiores.
