Acción judicial y Decreto 615-26 marcan tendencia en protección de recursos naturales
El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, en coordinación con el SENPA y la Procuraduría Especializada, ejecutó el desmantelamiento total de una represa ilegal en el río Yabija, en San Francisco de Macorís, en cumplimiento de una sentencia penal. La medida consolida una tendencia regional de aplicación efectiva de la ley ambiental.
La intervención, realizada en el distrito municipal de Jaya, restableció el libre curso del afluente y se ejecutó conforme a la Sentencia Penal núm. 136-2023-SSEN-00010, emitida por la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Duarte. La documentación judicial establece que las obras fueron levantadas sin autorización ambiental, dentro del cauce y su franja de protección, y que los trabajos continuaron pese a una orden de paralización.
Este operativo se enmarca en el Decreto 615-26, que eleva a prioridad estratégica para la seguridad nacional la protección de los recursos naturales y las infraestructuras ecológicas. La medida refleja una tendencia en América Latina y hacia el fortalecimiento de la gobernanza ambiental, con acciones concretas contra la ocupación ilegal de cauces y la degradación de ecosistemas.
El ministro Paíno Henríquez declaró: ‘Este operativo refleja la etapa de ejecución que impulsamos a partir del Decreto 615-26. Proteger el medioambiente es proteger el agua, la seguridad de las comunidades y el patrimonio común’. Sus palabras subrayan el compromiso del Estado de hacer cumplir la ley y recuperar espacios afectados, un mensaje que resuena en la comunidad internacional, donde la protección de los recursos hídricos es un tema central en la agenda climática.
La acción también envía una señal a la diáspora dominicana y a inversionistas extranjeros: el país avanza en la implementación de marcos legales ambientales, lo que mejora su posición en índices de sostenibilidad y atractivo para proyectos verdes. La coordinación entre el Ministerio, el SENPA y la Procuraduría Especializada demuestra una sinergia institucional que podría replicarse en otros países de la región.
Medio Ambiente reiteró que continuará ejecutando decisiones administrativas y judiciales para detener intervenciones ilegales y garantizar la protección de ríos, cuencas y demás recursos naturales. Con este precedente, República Dominicana se posiciona como un actor proactivo en la defensa del patrimonio ecológico, en línea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible y los acuerdos internacionales sobre biodiversidad.
