Expertos y procuradora analizan impacto en competitividad y seguridad jurídica nacional
El nuevo Código Penal dominicano, que reemplaza al de 1884, introduce la responsabilidad penal de las personas jurídicas y más de 70 nuevos delitos, un cambio que alinea al país con tendencias internacionales y redefine el riesgo para las empresas.
El presidente de la Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD), Julio Virgilio Brache, afirmó que la entrada en vigor del nuevo Código Penal fortalecerá la seguridad jurídica, la institucionalizad y la competencia leal. Sin embargo, instó al sector empresarial a prepararse para asumir la responsabilidad penal de las personas jurídicas, una figura que introduce el riesgo penal en la gestión de las organizaciones.
Durante el Encuentro Industrial ‘Nuevo Código Penal: Aportes al fortalecimiento de la seguridad jurídica y la competitividad’, con la presencia de la procuradora general Yeni Berenice Reynoso, Brache explicó que mitigar el riesgo no bastará con manuales formales: se requiere gestión activa, identificación de amenazas, controles efectivos, formación del personal y canales de denuncia, integrando el cumplimiento como pilar operativo.
La procuradora Reynoso calificó la implementación como un cambio profundo en el marco procesal y dogmático, al pasar de la influencia del Código Napoleónico de 1884 a paradigmas modernos como la imputación objetiva. Destacó más de 70 nuevas tipificaciones, incluyendo ciberdelitos, infracciones ambientales y trata de personas, con penas máximas de hasta 40 años y un sistema acumulativo que puede llegar a 60 años.
La incorporación de la responsabilidad penal de las personas jurídicas es crucial para el sector privado, que ahora deberá adaptar sus estructuras de gobernanza. Reynoso también subrayó la tipificación autónoma de delitos contra la administración pública y la corrupción, con sanciones reforzadas para reculado, prevaricación y otros, lo que envía una señal clara a los mercados internacionales sobre el compromiso dominicano con la transparencia.
El nuevo código consagra principios como legalidad, irretroactividad, culpabilidad y mínima intervención, lo que brinda un marco más predecible para la inversión extranjera. Para la diáspora y los analistas, este cambio posiciona a República Dominicana en línea con las mejores prácticas globales en materia de compliance y lucha contra la corrupción.
