Exsenador pide investigar muertes en intervenciones policiales y advierte sobre subcultura de violencia
El dirigente político y exsenador por Montecristi Héctor Rodríguez Pimentel advirtió que los puntos de drogas funcionan en algunos barrios del país como estructuras de reclutamiento de adolescentes y jóvenes vulnerables, mientras el Estado interviene cuando estos ya están vinculados a actividades delictivas.
Rodríguez Pimentel sostuvo que estos lugares no se limitan a la venta de sustancias, sino que también utilizan a jóvenes para labores como vigilancia, mensajería y alerta ante la presencia policial. «El punto no es solamente un lugar donde se venden drogas. En determinados sectores funciona como una pequeña estructura de poder territorial que utiliza jóvenes como vigilantes, mensajeros y alertas frente a la presencia policial», afirmó.
De acuerdo con el exsenador, el reclutamiento puede comenzar con pequeñas cantidades de dinero, favores o el préstamo de una motocicleta, hasta generar en los jóvenes un sentimiento de pertenencia a esas estructuras. También señaló que alrededor de la delincuencia se ha desarrollado una subcultura en la que las armas, las motocicletas, el dinero fácil y la violencia son presentados como símbolos de poder y éxito, especialmente en las redes sociales. No obstante, aclaró que no se debe criminalizar la música urbana ni determinadas formas de vestir. «Una capucha no convierte a nadie en delincuente y el dembow no fabrica homicidas. El problema surge cuando el arma, la violencia y el dinero fácil son presentados ante nuestros jóvenes como modelos de éxito», expresó.
Rodríguez Pimentel consideró que el deterioro de clubes, canchas y organizaciones comunitarias, junto con la falta de capacitación y oportunidades laborales, ha dejado espacios que terminan siendo ocupados por la delincuencia. «Cuando la cancha está abandonada y el punto está abierto; cuando el muchacho encuentra dinero en la esquina, pero no capacitación ni su primer empleo, alguien ocupa el espacio que dejaron vacío la familia, la comunidad y el Estado», manifestó. A su juicio, las autoridades no pueden pretender recuperar los barrios únicamente mediante operativos policiales después de años de abandono social. «No podemos abandonar socialmente un barrio durante años y pretender recuperarlo después exclusivamente con patrullas y fusiles», sostuvo.
El dirigente político reconoció como positiva la reducción de algunos indicadores de criminalidad, pero llamó la atención sobre la composición de los homicidios registrados durante septiembre. Según el informe de la Fuerza de Tarea Conjunta citado por Rodríguez Pimentel, hasta el 25 de septiembre de 2026 se habían registrado 99 homicidios en el país durante ese mes. De estos, 45 fueron clasificados como «acción legal», equivalentes al 45.5 %; 35 como «conflicto social», para un 35.4 %; 11 fueron vinculados a la delincuencia, equivalentes al 11.1 %, y ocho permanecían en investigación, para un 8.1 %. Rodríguez Pimentel aclaró que la clasificación de «acción legal» no implica por sí misma que se trate de ejecuciones extrajudiciales, pero consideró que la cantidad de casos ameriza que cada muerte ocurrida durante una intervención policial sea documentada e investigada. «La Policía necesita autoridad para enfrentar al delincuente armado, pero autoridad no significa ausencia de controles. Toda muerte producida durante una intervención policial debe quedar debidamente documentada e investigada por el Ministerio Público», afirmó.
