Por experiencia sabemos que, sin instituciones públicas sólidas y adecuadas, resulta difícil planificar y ejecutar políticas de desarrollo con una perspectiva de largo plazo. En países donde cada cuatro años se produce un cambio de autoridades, existe el riesgo de que los planes nacionales queden subordinados a las prioridades del gobierno de turno y que cada administración procure imprimirles su propio sello a las políticas públicas, aun cuando ello implique abandonar iniciativas de largo alcance.
La compleja interacción entre la política, el desarrollo territorial y el fortalecimiento institucional está estrechamente vinculada con la calidad del gobierno. Es precisamente en el ámbito público donde se diseñan las políticas económicas y sociales y donde las decisiones fiscales, tributarias y presupuestarias determinan cómo se recaudan, administran y utilizan los recursos de la sociedad.
Esta discusión adquiere una importancia especial cuando un país dispone de recursos naturales de elevado valor económico. Muchos países con abundantes reservas de oro, petróleo, gas, cobre u otros minerales estratégicos han experimentado la denominada “maldición de los recursos naturales”: crecimiento económico más volátil, dependencia de los precios internacionales, debilidad institucional, conflictos distributivos y, en algunos casos, mayores niveles de corrupción y confrontación política.
La abundancia de recursos naturales, por sí misma, no constituye una garantía de desarrollo. El verdadero desafío consiste en convertir esa riqueza temporal y agotable en capital humano, infraestructura, instituciones, tecnología y ahorro financiero, de manera que sus beneficios trasciendan la generación que actualmente explota esos recursos.
El caso dominicano: una riqueza que merece una estrategia de largo plazo
La República Dominicana constituye un caso particularmente interesante. La minería tiene un peso significativo en las exportaciones y en la generación de divisas, aunque su participación directa en el PIB es mucho menor que la de los grandes productores mundiales de hidrocarburos o minerales.
El oro es, con diferencia, el principal recurso metálico de exportación dominicano. Los datos de comercio internacional muestran exportaciones de oro no monetario por aproximadamente US$1,692 millones en 2020, US$1,591 millones en 2021, US$1,378 millones en 2022, US$1,128 millones en 2023, US$1,472 millones en 2024 y US$2,467 millones en 2025. En este último año, el valor del oro exportado equivalió aproximadamente al 1.9% del PIB dominicano, tomando como referencia el PIB corriente estimado por el Banco Mundial de US$127.4 mil millones. (WITS)
La plata, en cambio, representa una magnitud mucho menor en las estadísticas de comercio exterior. Por ejemplo, las exportaciones dominicanas de plata en formas semimanufacturadas fueron de apenas unos US$0.66 millones en 2024, mientras que en 2021 las exportaciones de plata sin elaborar y semimanufacturada registradas bajo el capítulo correspondiente estuvieron alrededor de US$1.4 millones. (WITS)
Esto permite hacer una precisión importante: no debe confundirse el valor de las exportaciones de un recurso natural con su aporte directo al PIB. Las exportaciones representan ingresos brutos generados por ventas al exterior; el PIB mide el valor agregado generado dentro de la economía. Por tanto, utilizar el valor exportado como porcentaje del PIB sirve como indicador de la importancia externa del recurso, pero no equivale estrictamente a su contribución contable al PIB.
Recursos naturales: tres modelos que conviene observar
La magnitud del desafío se aprecia mejor cuando comparamos a la República Dominicana con dos países que han desarrollado mecanismos institucionales diferentes para administrar su riqueza natural: Chile y Noruega.
En Chile, el cobre constituye un componente estructural de la economía y de las finanzas públicas. Según la Comisión Chilena del Cobre (Cochilco), el valor de los embarques de cobre alcanzó aproximadamente US$33,660 millones en 2020, US$48,664 millones en 2021, US$42,220 millones en 2022, US$42,985 millones en 2023, US$49,534 millones en 2024 y US$52,978 millones en 2025. El valor de las exportaciones de cobre de 2025 representó alrededor del 14.8% del PIB chileno, cuyo valor corriente fue de aproximadamente US$357.4 mil millones. (Cochilco)
Noruega presenta un caso todavía más ilustrativo. La economía ha desarrollado una estructura institucional destinada a evitar que los enormes ingresos derivados del petróleo y el gas sean gastados de manera inmediata. En 2025, Noruega exportó aproximadamente NOK 435,848 millones de petróleo crudo y NOK 570,881 millones de gas natural, además de NOK 3,748 millones de condensados. El PIB corriente del país alcanzó unos US$530.8 mil millones. (SSB)
La comparación permite observar la magnitud de la exposición:
| Año | RD: oro US$ millones | RD: oro/PIB | Chile: cobre US$ millones | Chile: cobre/PIB | Noruega: petróleo y gas* US$ aprox. | Noruega: petróleo y gas/PIB aprox. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 1,692 | 2.2% | 33,660 | 13.2% | 35–37 mil | 9–10% |
| 2021 | 1,591 | 1.7% | 50,422 | 16.0% | 90–95 mil | 17–18% |
| 2022 | 1,378 | 1.2% | 43,890 | 14.6% | 140–150 mil | 23–24% |
| 2023 | 1,128 | 0.9% | 45,268 | 13.5% | 80–85 mil | 16–17% |
| 2024 | 1,472 | 1.2% | 51,980 | 15.8% | 80–85 mil | 16–17% |
| 2025 | 2,467 | 1.9% | 56,025 | 15.7% | 95–100 mil | 18–19% |
| 2026 | Parcial | — | Parcial | — | Parcial | — |
* Para Noruega se consideran conjuntamente petróleo crudo, gas natural y condensados. Las cifras en dólares son aproximaciones derivadas de los valores oficiales publicados en coronas noruegas y de los tipos de cambio correspondientes. 2026 no es comparable como año completo, porque al momento de este artículo todavía no ha concluido. En Chile, Cochilco ya publica información física y monetaria correspondiente a 2026; en Noruega, las estadísticas de comercio exterior llegan actualmente hasta junio de 2026. (Cochilco)
La tabla deja una conclusión importante: la dependencia de un recurso natural puede ser extraordinariamente elevada incluso en economías institucionalmente desarrolladas. La diferencia fundamental no está solamente en cuánto se extrae, sino en cómo se administran los ingresos, cómo se ahorran, cómo se invierten y qué instituciones controlan su utilización.
La tentación del gasto fácil
La gestión de los ingresos provenientes de los recursos naturales constituye una de las pruebas más difíciles para cualquier gobierno. Cuando aumentan los precios internacionales del oro, el cobre, el petróleo o el gas, también crecen los ingresos de las empresas, las exportaciones y, dependiendo del régimen fiscal, las recaudaciones del Estado.
El problema aparece cuando los gobiernos interpretan esos ingresos extraordinarios como si fueran permanentes y utilizan recursos temporales para financiar gastos permanentes. El resultado puede ser una expansión excesiva del gasto público durante los períodos de bonanza y, posteriormente, ajustes dolorosos cuando disminuyen los precios internacionales.
Por ello, la riqueza natural debe administrarse con una perspectiva intergeneracional. Un recurso que se extrae una sola vez no debería convertirse exclusivamente en consumo corriente. Parte de esa riqueza debería transformarse en activos que permanezcan cuando el recurso se haya agotado.
La experiencia de Noruega constituye una referencia especialmente relevante. Los ingresos petroleros del Estado se transfieren al Government Pension Fund Global, cuyo objetivo es administrar a largo plazo la riqueza proveniente del petróleo y el gas para beneficiar tanto a las generaciones presentes como a las futuras. La gestión operativa de las inversiones del fondo corresponde a Norges Bank Investment Management, bajo el mandato establecido por el Ministerio de Finanzas. (Regjeringen.no)
Desde 2001, además, Noruega aplica una regla fiscal que establece que las transferencias del fondo al presupuesto deben, en el tiempo, seguir el rendimiento real esperado del fondo, contribuyendo simultáneamente a estabilizar el ciclo económico. (Regjeringen.no)
Esto es muy diferente de afirmar que el banco central noruego administra por sí solo los ingresos petroleros. La responsabilidad general corresponde al Ministerio de Finanzas, mientras que Norges Bank realiza la gestión operativa del fondo bajo las directrices establecidas por dicho ministerio. Esta precisión institucional es importante.
Chile y la disciplina fiscal
Chile ofrece otro modelo digno de consideración. Desde 2001 aplica una política de balance estructural o balance cíclicamente ajustado, cuyo propósito es separar los ingresos fiscales transitorios de aquellos considerados estructurales.
Una pieza fundamental de este sistema es el Comité Consultivo del Precio de Referencia del Cobre. Expertos independientes estiman el precio de largo plazo del metal y ese parámetro se utiliza para calcular los ingresos estructurales del Gobierno Central. De esta manera, el presupuesto no se diseña simplemente sobre la base del precio corriente del cobre. (Dipres)
La legislación chilena establece además que el precio de referencia del cobre se calcula considerando las estimaciones del precio promedio para los diez años futuros realizadas por un comité de expertos externos. (Biblioteca Congreso Chile)
La importancia de este mecanismo radica en que ayuda a evitar que una bonanza temporal de precios se transforme automáticamente en una expansión permanente del gasto público.
El peligro del “mal holandés”
Otro desafío es el denominado “mal holandés”, fenómeno que puede producirse cuando un fuerte aumento de las exportaciones de recursos naturales genera una entrada masiva de divisas, presiona al alza la moneda y reduce la competitividad de otros sectores transables.
No se trata únicamente de una apreciación cambiaria. Si el auge de los recursos naturales atrae capital, trabajo e inversión hacia el sector extractivo y hacia actividades vinculadas al consumo interno, otros sectores productivos —como la industria, la agricultura o algunos servicios exportables— pueden perder competitividad.
Por eso, una política responsable debe procurar que los ingresos extraordinarios procedentes de los recursos naturales no desplacen las actividades que generan diversificación productiva y empleo sostenible.
La experiencia chilena ha demostrado que una regla fiscal creíble puede reducir los efectos procíclicos de los precios del cobre. Estudios del Banco Central de Chile muestran que una regla estructural que ahorra buena parte de los ingresos extraordinarios asociados a aumentos del precio del cobre reduce significativamente el impacto de esos shocks sobre la producción y la inflación. (Banco Central de Chile)
¿Qué debe hacer la República Dominicana?
La República Dominicana no tiene la escala de reservas de cobre de Chile ni los gigantescos recursos petroleros de Noruega. Precisamente por eso debe actuar antes de que una eventual ampliación de la actividad extractiva convierta la explotación de recursos naturales en un factor dominante de las finanzas públicas.
El país ya posee una experiencia que debe servir de referencia. Los datos de la Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas (EITI) muestran que las industrias extractivas representan una proporción importante de las exportaciones y aportan ingresos al Estado, aunque su participación en el PIB es relativamente reducida. EITI reporta una contribución agregada del sector extractivo de alrededor de 4.13% del PIB y 45.5% de las exportaciones en el período cubierto por sus datos. (EITI)
La pregunta relevante, por tanto, no es solamente cuánto oro se extrae ni cuánto dinero ingresa al país. La verdadera pregunta es:
¿Cuánto de esa riqueza se transforma en desarrollo permanente para los dominicanos?
Ahí se encuentra la diferencia entre explotar un recurso natural y utilizarlo como instrumento de desarrollo.
Cuatro principios para administrar la riqueza natural
Los gobiernos tienen la responsabilidad de construir instituciones públicas con suficiente credibilidad para proteger los recursos naturales de la captura política, la corrupción y la búsqueda de beneficios particulares a costa del interés colectivo.
La transparencia debe ocupar un lugar central, especialmente en materia fiscal. Para ello considero indispensables cuatro principios:
Primero. Marco jurídico y régimen fiscal integrales. Deben existir procedimientos abiertos, transparentes y previsibles, con reglas claras para la concesión, explotación, fiscalización y recaudación de los ingresos provenientes de los recursos naturales.
Segundo. Rendición de cuentas completa, oportuna y confiable. Tanto el Gobierno como las empresas extractivas deben informar sobre producción, ventas, precios de referencia, impuestos, regalías, dividendos, costos y demás pagos realizados en los mercados internacionales y nacionales.
Tercero. Documentación presupuestaria clara. La sociedad debe conocer cuáles son los objetivos públicos asociados a la gestión de los recursos naturales, cuánto dinero ingresa al Estado, cómo se distribuye y, sobre todo, en qué se utiliza. La pregunta “¿en qué se gastaron esos recursos?” no puede ser secundaria.
Cuarto. Divulgación y gestión de los riesgos sociales, ambientales y operacionales. La explotación de recursos naturales debe incorporar mecanismos rigurosos de evaluación ambiental, protección de las comunidades, restauración de las zonas afectadas y prevención de riesgos laborales y operacionales.
La riqueza que queda cuando el recurso desaparece
El verdadero éxito de una política de recursos naturales no debería medirse únicamente por el volumen extraído ni por el valor de las exportaciones. Debe medirse por la capacidad de convertir una riqueza agotable en riqueza sostenible.
El oro dominicano algún día se agotará. El cobre chileno enfrentará límites geológicos y costos crecientes. El petróleo y el gas noruegos son recursos finitos y, además, están sometidos a una transición energética mundial.
La pregunta fundamental para un gobierno responsable es qué quedará cuando el recurso deje de producir.
Si después de décadas de explotación quedan carreteras deficientes, educación insuficiente, instituciones débiles, contaminación ambiental y una población que no recibió una parte justa de la riqueza, entonces el país habrá exportado recursos naturales sin haber construido desarrollo.
Pero si esos ingresos se transforman en educación de calidad, salud, infraestructura, innovación, capital humano, ahorro público, instituciones fuertes y nuevas actividades productivas, entonces la explotación de un recurso agotable puede convertirse en una palanca para el desarrollo de largo plazo.
La tentación de gastar hoy los ingresos extraordinarios es políticamente atractiva. La responsabilidad de ahorrar, invertir y construir instituciones es mucho menos visible, pero constituye la verdadera política de Estado.
El desarrollo de largo plazo no consiste en cuánto se extrae de la naturaleza, sino en cuánto bienestar permanente se logra construir con aquello que se extrae.
El autor es economista.
Bibliografía y fuentes
- Banco Mundial, World Development Indicators, PIB corriente de República Dominicana, Chile y Noruega. (World Bank Open Data)
- World Integrated Trade Solution (WITS), Banco Mundial/UN Comtrade, estadísticas de exportación de oro y plata de República Dominicana. (WITS)
- Comisión Chilena del Cobre (Cochilco), Valores de los embarques de exportación de cobre y subproductos. (Cochilco)
- Dirección de Presupuestos de Chile (DIPRES), Comité Consultivo del Precio de Referencia del Cobre y regla de balance estructural. (Dipres)
- Banco Central de Chile, estudios sobre precio del cobre, política fiscal y ciclo económico. (Banco Central de Chile)
- Statistics Norway (SSB), estadísticas de comercio exterior y exportaciones de petróleo y gas. (SSB)
- Gobierno de Noruega, Government Pension Fund Global y marco de política fiscal. (Regjeringen.no)
- Norges Bank Investment Management (NBIM), administración del Government Pension Fund Global. (Norges Bank Investment Management)
- Extractive Industries Transparency Initiative (EITI), información sobre la contribución económica del sector extractivo de República Dominicana. (EITI)
Por Tomás D. Guzmán Hernández
