La medida endurece penas y exige un ejército forestal para vigilar las áreas protegidas
El presidente Luis Abinader declaró como «terrorismo ambiental» las acciones deliberadas que dañen gravemente los ecosistemas protegidos. La decisión marca un precedente en la política ambiental dominicana y plantea la necesidad de recursos y vigilancia permanente.
El presidente Luis Abinader declaró como «terrorismo ambiental» las acciones deliberadas que provoquen daños graves a los parques nacionales y otros ecosistemas protegidos del país. La expresión puede parecer dura, pero responde a la gravedad de contemplar una montaña convertida en cenizas, una cuenca hidrográfica destruida o un parque nacional invadido y depredado ante la indiferencia de quienes tienen la obligación de protegerlo.
Los bosques no son un lujo paisajístico ni un simple adorno de las montañas. Constituyen una de las infraestructuras naturales más valiosas de la nación. De ellos dependen el agua que bebemos, la fertilidad de los suelos, la vida útil de las presas, la riqueza de la biodiversidad y la capacidad del país para enfrentar un clima cada vez más extremo. Por eso, destruir deliberadamente un bosque protegido no puede seguir considerándose una infracción ambiental cualquiera. Quien incendia, tala o invade conscientemente un área protegida no solo destruye árboles: compromete fuentes de agua, amenaza comunidades y ocasiona un daño que deberán pagar generaciones que todavía no han nacido.
El decreto y la voluntad del presidente Abinader, aunque importantes, no son suficientes. Tampoco puede seguir siendo esta una tarea exclusiva del Gobierno o de los ambientalistas. La defensa de los recursos naturales debe convertirse en un compromiso nacional que involucre a productores, comunidades, empresas, escuelas, universidades y ciudadanos. Defender los bosques es un acto de inteligencia, patriotismo y supervivencia nacional. Un bosque puede desaparecer en cuestión de horas bajo las llamas, pero puede necesitar décadas para recuperarse, y muchas veces lo perdido no vuelve jamás a ser exactamente lo que fue.
Para exigir el cumplimiento de la ley, el Estado tiene que proporcionar los instrumentos necesarios para hacerla cumplir. El Gobierno debe asignar al Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales fondos suficientes para disponer de personal entrenado, bien equipado, adecuadamente remunerado y en número suficiente para mantener una vigilancia permanente sobre los parques nacionales y principales reservas forestales. Se necesita un verdadero ejército forestal: hombres y mujeres preparados para vigilar, prevenir, detectar y actuar antes de que aparezcan las llamas o entren las motosierras. También debe desarrollarse una campaña nacional que deje claramente establecido que destruir deliberadamente un área protegida no es una travesura, una forma aceptable de conseguir tierras ni un delito menor, y que quien lo haga se expone a recibir una condena de hasta veinte años de cárcel.
