Colectivo pide que la lucha no se quede en los ejecutores y llegue a financistas y políticos
El Observatorio de Políticas Ambientales y Áreas Protegidas considera un avance que el presidente Luis Abinader haya declarado el terrorismo medioambiental como prioridad de seguridad nacional, pero subraya que la medida solo tendrá impacto si se aplica con rigor y se castiga a los que ordenan y financian la destrucción.
El decreto presidencial que coloca la prevención y el combate del terrorismo medioambiental en la esfera de la seguridad nacional ha sido recibido con cautela por el Observatorio de Políticas Ambientales y Áreas Protegidas. La organización valora la iniciativa, pero recuerda que muchas de estas conductas ya eran ilegales y que el verdadero reto es operativizar la norma.
El colectivo, que ha documentado daños en Valle Nuevo, Sierra de Bahoruco, Isla Catalina, el Cinturón Verde de Santo Domingo y Loma Quita Espuela, entre otros, insiste en que las investigaciones deben ir más allá de los ejecutores directos. «No pueden detenerse en el jornalero o el conductor de un camión», advierte, y exige seguir la propiedad, el dinero y las órdenes para desmantelar las redes de destrucción.
Las palabras de Abinader, que prometió perseguir a autores materiales e intelectuales, sean dominicanos o extranjeros, han sido bien recibidas, pero el Observatorio subraya que la persecución debe alcanzar a cualquier responsable, sin importar su fortuna, rango o influencia política, militar o económica. Eso sí, recuerda que nadie puede ser condenado sin pruebas y sin un juicio justo.
El siguiente paso, según la entidad, es convertir el decreto en un mecanismo operativo con responsables, plazos, presupuesto e indicadores, además de herramientas de trazabilidad financiera y registral. Solo así, dice, se podrá hablar de una verdadera lucha contra el terrorismo medioambiental, un tema que trasciende fronteras y que la diáspora dominicana observa con atención.
