Caso evidencia la urgencia de reforzar la lucha contra la esclavitud moderna
Un tribunal dominicano sentenció a 10 años de prisión a una mujer que utilizaba a su hija menor y a otras adolescentes para explotarlas sexualmente, un caso que refleja la persistencia de la trata de personas en el país y la región.
La justicia dominicana dio un paso en la lucha contra la trata de personas al condenar a Alejandra Zoquier, alias Yeni, a 10 años de prisión por explotar sexualmente a su hija de 16 años y a otras menores en Pedernales. El Tribunal Colegiado del Distrito Judicial de Pedernales la halló culpable de violar la Ley 137-03, que sanciona el tráfico ilícito de migrantes y la trata de personas, un delito que afecta a miles de niños y adolescentes en América Latina y.
El caso, que salió a la luz el 20 de junio de 2025, fue destapado mediante una operación encubierta del Ministerio Público. Durante un allanamiento a la vivienda de Zoquier, las autoridades encontraron a su hija, otra menor de 16 años y una joven de 18 años, quienes eran ofrecidas a hombres adultos a cambio de dinero. También se ocuparon dinero en efectivo, sustancias controladas y objetos vinculados a la red, evidenciando un entramado de explotación que operaba en la provincia de Pedernales, fronteriza con Haití.
El procurador fiscal Dervio Heredia destacó que las pruebas presentadas fueron clave para demostrar la participación de la acusada. «El Ministerio Público continuará dando seguimiento a los casos de explotación sexual y trata que afecten a niños, niñas y adolescentes», aseguró, reafirmando el compromiso de perseguir estos delitos en todo el territorio nacional. La condena también incluyó al hijo de Zoquier, Alexander Mejía Zoquier, sentenciado a 10 años por posesión de aproximadamente 14 gramos de presunta cocaína, un delito que a menudo se vincula a redes de trata.
Este caso resalta una tendencia alarmante en la región: la explotación sexual de menores sigue siendo un desafío para los sistemas de justicia, especialmente en zonas turísticas y fronterizas. Para República Dominicana, la sentencia envía una señal a las redes criminales, pero también plantea la necesidad de fortalecer las políticas de prevención y protección a las víctimas, así como la cooperación internacional para desarticular estas organizaciones que operan más allá de las fronteras.
La diáspora dominicana y organismos internacionales observan estos casos como indicadores del avance en la aplicación de la justicia. Aunque la condena es un logro, activistas recuerdan que la trata de personas es un delito transnacional que requiere esfuerzos sostenidos para erradicarlo, desde la educación en comunidades vulnerables hasta la persecución de los compradores de servicios sexuales.
