República Dominicana tiene leyes, pero no las aplica; el nuevo decreto es un parche, advierten expertos
La Academia de Ciencias de República Dominicana calificó este jueves el decreto 615-26 como una respuesta tardía que no enfrenta el verdadero problema: la falta de cumplimiento de las leyes ambientales, un fenómeno que también se replica en la región del Caribe y que amenaza la biodiversidad del país.
El decreto 615-26, que declara la prevención y combate del terrorismo medioambiental como prioridad estratégica para la seguridad del Estado, fue recibido con escepticismo por la Comisión de Ciencias Naturales y Medio Ambiente de la Academia de Ciencias. Para la entidad, la medida es positiva pero insuficiente, pues la degradación de bosques, ríos y áreas protegidas no se debe a la falta de leyes, sino a la inacción institucional.
La República Dominicana cuenta con un marco legal robusto, que incluye la Constitución, la Ley 64-00, la Ley 202-04 de Áreas Protegidas, la Ley 333-15 de Biodiversidad y acuerdos internacionales vinculantes. Sin embargo, como ocurre en otros países de América Latina, la brecha entre la legislación y su aplicación es el talón de Aquiles que permite la destrucción ambiental impune.
La Academia cuestionó directamente al Ministerio de Medio Ambiente, a la Procuraduría Especializada para la Defensa del Medio Ambiente y al Senpa, señalando que sus respuestas ante ocupaciones ilegales y daños ecológicos han sido tibias. Este diagnóstico coincide con el llamado de organismos internacionales que urgen a los Estados a fortalecer la gobernanza ambiental para frenar el crimen ecológico transfronterizo.
El concepto de terrorismo medioambiental, que el decreto busca tipificar, es una tendencia global que países como Brasil y Colombia han adoptado para perseguir delitos que afectan ecosistemas estratégicos. No obstante, la Academia advierte que sin una aplicación consistente de la ley, el decreto 615-26 quedará en letra muerta, mientras la diáspora y la comunidad internacional observan cómo el país pierde su patrimonio natural.
La institución reiteró su compromiso de vigilar el cumplimiento de las medidas y llamó a pasar de la retórica a la acción, un reto que define la credibilidad de República Dominicana ante sus compromisos climáticos y de biodiversidad.
