La decisión de Trump de terminar el TPS para Haití, que afecta a más de 500 asentamientos en RD, marca una tendencia regional y plantea un desafío para la política migratoria dominicana.
La administración Trump ha aplicado una lógica contundente al poner fin al Estatuto de Protección Temporal (TPS) para los haitianos, argumentando que Haití está preparado para recibir retornados. Esta decisión, que no ha sido cuestionada por la ONU ni por el Gobierno haitiano, contrasta con los argumentos que han usado contra RD para frenar las deportaciones masivas.
La haitianización progresiva de República Dominicana, tolerada por gobiernos anteriores y el actual, ha llevado a que más de 500 asentamientos de indocumentados existan en el territorio nacional. Esta situación ha sido aprovechada por el Gobierno de Estados Unidos para firmar un acuerdo que impide el envío de haitianos deportados a su país, lo que agrava la presión migratoria.
El Gobierno dominicano no se ha atrevido a desmantelar estos asentamientos, a pesar de que históricamente el país ha defendido su soberanía. La falta de una censura documentada por parte de la Cancillería sobre las condiciones de vida de los haitianos en RD ha permitido que nuestros enemigos jurados presenten una narrativa que nos culpa de la tragedia haitiana.
A nivel internacional, esta decisión de Trump refleja una tendencia más amplia de endurecimiento migratorio en la región. Para República Dominicana, es un llamado a replantear su estrategia, tanto en el plano diplomático como en la gestión interna, para evitar que la presencia masiva de migrantes se convierta en un problema estructural. La incolumidad del país ha sido reconocida cuando hemos sido tema global, y es momento de actuar con firmeza.
