Se dice que en la unión está la fuerza.
La sociedad dominicana ha tenido varios episodios en los que gracias a unificación de un interés mayor el resultado ha sido fructífero.
Istock Toda una década ha pasado desde que empezaron las protestas en defensa de parques nacionales, presas, ríos, protección del suelo y en su defecto las mismas personas.
Los dominicanos han demostrado una madurez y una capacidad de movilización admirables en defensa de los recursos naturales.
Estas luchas no solo han congregado a activistas, sino también a comunidades agrícolas, jóvenes, científicos y a la iglesia , logrando frenar proyectos de gran magnitud y sentar precedentes históricos.
Desde el 2017 varios titulares de la prensa publicaron cómo diferentes actores se unían en defensa del Parque Nacional Valle Nuevo, en Constanza.
Conocido como la «Madre de las Aguas» por albergar el nacimiento de los principales ríos del país (como el Yuna y el Yaque del Sur) , Valle Nuevo sufría un alarmante proceso de degradación debido a la agricultura intensiva, el desvío ilegal de ríos para el riego y la deforestación dentro del área protegida.
Las Piramides, Valle Nuevo, Constanza Fuente externa La opinión pública nacional y coaliciones ambientales exigieron la aplicación estricta de la Ley 64-00 de Medio Ambiente.
Respaldadas por este clamor social, las autoridades emitieron la resolución 14-2016 que prohíbe las actividades agrícolas comerciales en el parque.
Pese a esta resolución, pasaron los años y aun el clamor continuaba.
Aunque las tensiones generadas con los productores locales eran muchas, la resistencia de la sociedad civil permitió el desmantelamiento de kilómetros de tuberías ilegales y la salida de los grandes consorcios agrícolas del área, liberando importantes caudales de agua que regresaron a sus cuencas naturales.
La Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana (EGEHID ) impulsó la reactivación del complejo hidroeléctrico Las Placetas, en San José de las Matas.
Las Placetas Fuente Externa Sin embargo, los comunitarios no tardaron en levantar su voz en oposición.
Comunidades de la Sierra, como Jánico, San José de las Matas y El Rubio, se agruparon bajo la Coalición de Organizaciones Socioambientales de la Sierra y se levantaron en protestas continuas.
Los serranos denunciaban que la activación de esta represa secaría de forma irreversible los ríos Jagua y Bao, a la vez destruiría emblemáticos balnearios y sería una causa de que el ecoturismo colapse en esas zonas.
La empresa EGEHID ha tratado mediante el diálogo, impactos sociales positivos en esas localidades, conversación con las autoridades llegar a la unificación del pueblo opositor, pero los resultados permanecen igual.
Gracias a diversas movilizaciones, la sociedad civil obligó a las autoridades a abrir mesas de diálogo técnico y social, lo que ha dado como resultado que el proyecto se vea frenado constantemente ante la imposibilidad de conseguir la «licencia social» indispensable de los comunitarios.
La instalación de barcazas de generación eléctrica flotante a base de combustibles fósiles en la zona de Puerto Viejo de Azua , fue otro hecho que generó una inmediata alarma ecológica Al hacerse de conocimiento público esta información, activistas de Azua y grupos ambientalistas de todo el país denunciaron que la operación de estas plantas térmicas impactaba directamente el Refugio de Vida Silvestre Manglares de Puerto Viejo , una zona costera de alta fragilidad ecológica, amenazando la fauna marina y la salud de las poblaciones costeras.
Los defensores, ambientalistas y los comunitarios se alzaron con intensas jornadas de protesta local y recursos legales ante los tribunales, lo que elevó el debate nacional sobre los límites de la matriz energética frente a las áreas protegidas.
En una nota publicada por este medio en septiembre del 2025 indica que el mismo año en que la embarcación entró en operación, el Ministerio de Medio Ambiente notificó a la empresa por un derrame de combustible.
El sector construcción ha experimentado un gran auge, pero ha alimentado una red informal de extracción de agregados (arena y grava) directamente de los cauces de ríos vitales como el Nizao, Tireo, Haina y Camú.
El sector construcción ha alimentado la red de extracción de agregados de los ríos.
Fuente Externa Defensores ambientales locales e independientes se han convertido en la primera línea de defensa, arriesgando incluso su vida al denunciar y bloquear físicamente a los camiones y equipos usados para la extracción ilegal de grava y arena.
Esta lucha cobró relevancia nacional en 2024 cuando el agricultor Francisco Ortiz en Constanza fue trágicamente asesinado por oponerse a la extracción en el río Tireo , lo que encendió una ola de indignación en toda la sociedad.
La presión del pueblo obligó a las autoridades a declarar de urgencia ambiental la intervención de ríos y ha endurecido la fiscalización y la aplicación de penas contra los delitos ambientales en todo el territorio.
Uno de los grandes temas a defender, ha sido el recurso agua.
El caso más reciente ha sido el de San Juan Juan, protesta que inició local y se extendió a todo el país.
La empresa minera canadiense Gold Quest ha intentado durante varios años obtener el permiso de explotación para extraer oro y otros metales en la estructura de la formación Tireo, en la Cordillera Central.
Esto podrían en riesgo directo el agua de la presa Sabaneta y de la cual dependen más de 130,000 tareas de producción agrícola y el consumo humano de la provincia.
Lo que la empresa no se esperaba en este tiempo era enfrentarse con una oposición masiva de sus comunitarios.
Agricultores, organizaciones sociales y la Diócesis de San Juan se unieron bajo la premisa de que la actividad minera amenazaría la cuenca alta del río San Juan y el agua de la presa de Sabaneta.
Por varios días seguidos el ojo de la prensa nacional, así como todo el pueblo se dirigió al granero del sur, y empezaron a apoyar levantando sus voces de distintas formas para que en San Juan no ocurra lo mismo que en Sánchez Ramírez.
La fuerte presión social, expresada en marchas masivas, ha mantenido el proyecto bajo un constante rechazo comunitario y retrasos institucionales, logrando que la orden sea suspendida por el momento.
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