El 91% de los detenidos por equipos especializados son negros o hispanos, revela monitora judicial
Un informe de la monitora independiente Mylan Denerstein expone que las unidades especializadas de la Policía de Nueva York realizan detenciones, requisas y registros inconstitucionales, afectando desproporcionadamente a personas negras y latinas. El caso pone en el debate internacional el sesgo racial y la rendición de cuentas policial.
Las unidades de Seguridad Vecinal, Seguridad Pública y Respuesta Comunitaria, conocidas como «unidades especializadas», operan con tácticas proactivas, en vehículos no identificados y con acusaciones genéricas como «bultos en los bolsillos» o «lucir nerviosos», según el informe publicado este lunes. Las organizaciones Legal Aid Society y Legal Defense Fund señalaron que las tasas de cumplimiento no mejoraron respecto a 2024 y se mantuvieron sin avances significativos en 2025.
El informe destaca que el 91 % de los detenidos por estas unidades eran negros o hispanos, y el 88 % hombres negros o hispanos. Además, las unidades no cumplieron con casi todos los parámetros constitucionales ordenados por los tribunales: solo alcanzaron un 69 % de cumplimiento en inspecciones corporales y un 62 % en registros. Se detectó un patrón de informes policiales con lenguaje genérico para justificar sospechas.
La falta de auditorías durante aproximadamente tres años, a pesar de órdenes judiciales, evidenció una grave deficiencia en la rendición de cuentas internas. Incluso cuando se realizaban auditorías, se aprobaban sistemáticamente detenciones y registros que luego el interventor judicial consideró inconstitucionales. Las unidades fueron creadas en 2022 para combatir delitos violentos y han enfrentado serios desafíos en el cumplimiento normativo.
Karina Teft, abogada de The Legal Aid Society, afirmó: «Este informe confirma lo que las personas a las que servimos han experimentado durante años: a pesar de las repetidas advertencias, la supervisión judicial y las promesas de reforma, las unidades especializadas de la Policía siguen violando los derechos constitucionales de los neoyorquinos de color a un ritmo alarmante». El caso resuena en comunidades dominicanas en el exterior y en debates sobre reforma policial.
