EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Durante su participación en Expo Sostenible 2026, Carlos Batista, viceministro de Áreas Protegidas y Biodiversidad del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales afirmó que la seguridad hídrica en el país enfrenta serios desafíos debido a fallas históricas en la gestión del territorio y del recurso agua.
El funcionario explicó que el problema está estrechamente ligado al crecimiento desordenado del país en las últimas décadas.
“Es un problema de gestión histórica ligado entonces a ejecuciones, en un país que ha crecido sin ordenamiento territorial”, sostuvo, al advertir sobre el impacto de la expansión humana en las cuencas.
Además, destacó que muchas veces existe una comprensión limitada sobre lo que representa una cuenca hidrográfica.
“Una cuenca es una distribución múltiple de aportantes a un hilo principal”, explicó, subrayando la complejidad de estos sistemas y su importancia para la producción de agua.
Recibe en tu correo las noticias más importantes del día Batista indicó que aunque existen zonas bien conservadas, especialmente en áreas protegidas, el panorama cambia significativamente en otras partes del territorio.
Señaló que entre el 80 % y el 85 % de las nacientes de los principales ríos del país están dentro de áreas protegidas, lo que garantiza una parte esencial del recurso hídrico.
Sin embargo, advirtió que los mayores problemas se concentran en las zonas media y baja de las cuencas.
“Ahí es que el Estado, históricamente, hemos abandonado el proceso de gestionar de manera efectiva”, afirmó, al referirse a la contaminación y al uso inadecuado del agua en estas áreas.
En cuanto al marco legal, el viceministro reconoció que el país cuenta con normativas sólidas, pero que su cumplimiento ha sido deficiente.
“La base normativa existe desde hace bastante tiempo, lo que no hemos hecho es respetarla de manera adecuada”, expresó, al hacer referencia a leyes clave en materia ambiental.
Asimismo, señaló que una de las principales debilidades ha sido la falta de políticas públicas efectivas para ordenar el uso del territorio, especialmente en zonas montañosas donde están prohibidas ciertas prácticas agrícolas.
En ese sentido, fue enfático al afirmar: “En eso nos quemamos”, al referirse al incumplimiento de estas disposiciones.
El funcionario también alertó sobre la magnitud del deterioro ambiental, indicando que el país necesita recuperar alrededor de 4,500 kilómetros cuadrados de zonas boscosas afectadas por actividades agrícolas y ganaderas.
En ese contexto, subrayó que aunque existen avances y nuevas iniciativas, persisten limitaciones presupuestarias y de aplicación de la ley.
Reiteró que el fortalecimiento del régimen de consecuencias, junto con una gestión más efectiva y coordinada, será clave para garantizar la sostenibilidad del recurso hídrico en la República Dominicana.
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