Defensa y Pepca chocan por interpretación de plazos; fallo marcará precedente nacional
El Tercer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional anunció que el próximo 14 de septiembre, a las 9:00 de la mañana, decidirá si declara la extinción de la acción penal en el caso Calamar, una resolución que podría redefinir el rumbo de los procesos de corrupción en República Dominicana y enviar una señal a la comunidad internacional.
El caso Calamar, uno de los expedientes de corrupción más emblemáticos del país, enfrenta un momento crucial. El tribunal, presidido por Arlín Ventura e integrado por Leticia Martínez Noboa y Evelyn Rodríguez, escuchó los argumentos de las defensas que piden la extinción del proceso por vencimiento del plazo máximo de cuatro años establecido en la normativa procesal. La decisión, prevista para el 14 de septiembre, podría sentar un precedente en la lucha contra la impunidad.
Los abogados de imputados como Ángel Lockward, Claudio Silver Peña, Juan Tomás Polanco Céspedes, Agustín Mejía Ávila, Ramón David Hernández, Yahaira Brito Evangelista y Santiago Moquete Ortiz alegan que el proceso ha superado el límite legal. En particular, la defensa de Lockward, liderada por Carlos Escalante y Nolberto Rondón, denuncia que las medidas de inmovilización de fondos impuestas desde febrero de 2022 llevan más de cuatro años y ocho meses, sin que exista una resolución definitiva.
Sin embargo, la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), encabezada por Mirna Ortiz y acompañada de Wilson Camacho, insiste en que el plazo no puede aplicarse de forma automática. Ortiz argumentó que se requiere una evaluación ponderada de la razonabilidad del tiempo y citó jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia y el Tribunal Constitucional, que exigen motivar las dilaciones antes de cerrar un caso. Este choque de interpretaciones refleja una tensión entre la garantía de un juicio rápido y la necesidad de perseguir la corrupción a fondo.
El caso ha captado la atención nacional e internacional, pues involucra a exfuncionarios de alto nivel y desvío de fondos públicos. Una eventual extinción de la acción penal podría ser vista por organismos internacionales como un retroceso en los esfuerzos anticorrupción, mientras que para los defensores sería una victoria del debido proceso. La diáspora dominicana sigue de cerca el desenlace, consciente de que estos casos afectan la imagen del país y la confianza en sus instituciones.
De forma paralela, la defensa del exministro de Hacienda, Donald Guerrero, también ha interpuesto un recurso de apelación solicitando la extinción de la acción penal en su contra, según informó su abogada María del Pilar Zuleta. El 14 de septiembre, el país sabrá si el caso Calamar llega a su fin o si la justicia logra imponer su criterio sobre la razonabilidad de los plazos.
