El de la , conocida en español como la , advirtió al del Distrito Nacional de la República Dominicana sobre «la » de declarar extinguida la contra el exprocurador general , quien encabeza uno de los más grandes casos de corrupción administrativa.
La entidad que, dice, agrupar a jueces, abogados, académicos y profesionales del Derecho de , entiende que debe ponerse fin al proceso judicial contra el exfuncionario por haberse «sobrepasado el » de cuatro años establecido por la propia ley procesal interna.
De acuerdo con una , compartida este martes por el del exprocurador general, con el informe de la mencionada organización internacional que supuestamente se depositó al tribunal dominicano que conoce el juicio de fondo, el escrito con la recomendación se hizo en calidad de (amigo de la corte o tribunal).
En horas de la tarde de este martes, la Secretaría del del Distrito Nacional informó a que no había recibido la sugerencia, aunque dijo que sí se escuchó citarla por la en la audiencia del lunes.
En el informe, la Asociación Mundial hace un repaso de la y, al respecto, concluye también que el tiene la responsabilidad de evitar dilaciones que desnaturalicen la justicia y que la es el remedio jurídico necesario ante tales infracciones convencionales.
Según el escrito, Sánchez «permaneció aproximadamente privado de libertad entre prisión preventiva y arresto domiciliario, período que coincide con el plazo máximo legal previsto para la duración del proceso» y que el proceso «se aproxima a los «.
La opinión jurídica institucional suscrita por su presidente, , sostiene que las verificadas son atribuibles al , concluyendo además que no existe en el expediente decisión judicial o mención de que Rodríguez Sánchez haya incurrido en que permitan extender este plazo.
De acuerdo con una del 06 marzo del 2022, el presidente del de la , , también denunció ante la oficina de la de la Organización de las Naciones Unidas ( ), a , que alegadamente el exprocurador era víctima de violación de sus Derechos Humanos.
Gutiérrez señaló en su misiva a la Alta Comisionada que la Organización Mundial de Juristas estudió el procedimiento judicial seguido al exprocurador, «observando en la en su contra, además de ser innecesaria, considerando su arraigo familiar, personal y profesional en el país, su asistencia voluntaria ante la sede de la Procuraduría General».
Respecto al plazo máximo legal en los procesos penales, la titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), Mirna Ortiz, reiteró el lunes que la jurisprudencia del Tribunal Constitucional dominicano ha establecido que el plazo para la extinción de la acción penal «no es matemático», sino que debe considerar la magnitud y complejidad del caso.
Por consiguiente, Ortiz confía en que el Segundo Tribunal Colegiado no declarará la extinción de la acusación..
