El caso refleja la creciente presión de consorcios contra el Estado dominicano
Santo Domingo.- El Banco Central de la República Dominicana (BCRD) anunció este jueves que recurrirá en casación la sentencia que lo condena a pagar US$5 millones al Consorcio Méndes Junior Méndez Cabral, en un caso que evidencia la tendencia de disputas legales entre el Estado y entidades privadas, con implicaciones para la imagen del país ante inversores internacionales.
El BCRD, a través de un comunicado, rechazó que la sentencia tenga carácter definitivo y anunció que sus abogados ya preparan el recurso ante el Pleno de la Suprema Corte de Justicia (SCJ). La entidad denunció una ‘campaña de presión mediática’ del consorcio, que busca cobrar el monto pese a que el fallo aún no es firme.
El caso destaca por el uso de embargos retentivos contra el banco central ante instituciones financieras internacionales, una estrategia que el BCRD califica de ‘abusiva e irresponsable’. Este tipo de acciones, cada vez más comunes en la región, genera alertas sobre la protección de los activos soberanos y la necesidad de clarificar los límites legales en arbitrajes y disputas contractuales.
La decisión del BCRD de acudir a la casación no solo busca evitar el pago inmediato, sino también sentar un precedente en la interpretación de la cosa juzgada. Expertos legales consultados señalan que el caso podría influir en futuros litigios del Estado dominicano con consorcios internacionales, un tema de interés para la diáspora y los inversores que siguen el clima de negocios en el país.
El comunicado oficial también critica la manipulación de la opinión pública a través de medios y redes sociales, un aspecto que resalta la batalla legal se libra en los tribunales y en el escenario mediático. Para la comunidad internacional, la resolución de este conflicto será observada de cerca como indicador de la seguridad jurídica en República Dominicana.
Mientras el proceso avanza, el BCRD mantiene su postura de que la sentencia no es ejecutable. El caso, que incluye el pago de costas procesales, refleja una tendencia regional donde los Estados enfrentan cada vez más reclamaciones millonarias, lo que obliga a fortalecer los mecanismos de defensa y transparencia en la gestión pública.
