El funcionario dominicano enfrenta 26 cargos entre federales y estatales, pero dice que no renunciará
El alcalde de Lawrence, Massachusetts, el dominicano Brian DePeña, reiteró que no renunciará a su cargo a pesar de las acusaciones federales y estatales en su contra. Su decisión marca un pulso con la justicia y plantea un debate sobre la responsabilidad de funcionarios electos bajo investigación.
En un comunicado dirigido a residentes, empleados municipales y medios, DePeña afirmó: «Después de considerarlo cuidadosamente, quiero dejar claro que no voy a renunciar a mi posición como Alcalde de la Ciudad de Lawrence. Fui elegido por el pueblo de esta ciudad para servir como su Alcalde, y tengo la intención de continuar cumpliendo con las responsabilidades que me fueron confiadas y servir hasta el final de mi periodo».
El alcalde enfrenta 11 cargos federales por fraude y lavado de dinero, anunciados en agosto, por presuntamente haber obtenido más de 1.5 millones de dólares en ayudas por el COVID-19 y utilizarlos para fines no autorizados. A estos se suman 15 cargos estatales por distribución de comunicaciones interceptadas e intimidación de testigos. En su mensaje, DePeña sostuvo que los cargos federales «están relacionados con asuntos personales que involucran mis actividades comerciales y conductas que ocurrieron antes de que asumiera mis funciones como Alcalde», y los calificó como independientes de sus deberes actuales.
El comunicado, sin embargo, no menciona el caso estatal, vinculado a la instalación de un sistema de seguridad diferente al de la Alcaldía con el que presuntamente se grabó una conversación sin consentimiento y se distribuyó entre 14 personas. DePeña, que fue concejal general por dos mandatos desde 2015, dijo respetar el proceso judicial y el principio de presunción de inocencia, y aseguró estar preparado para defenderse de los cargos.
El alcalde pidió que «permitan que el proceso judicial siga su curso» y recordó que «una acusación no constituye una condena». Su comparecencia ante un juez por los nuevos cargos estatales se programará para una fecha posterior. El caso pone de relieve la situación de funcionarios de origen dominicano en Estados Unidos y el escrutinio sobre el uso de fondos públicos.
