La nueva ley busca blindar la independencia judicial y castigar amenazas a operadores de justicia
La entrada en vigencia del nuevo Código Penal (Ley 74-25) introduce el artículo 331, que sanciona con 2 a 3 años de prisión menor y multas de 9 a 15 salarios mínimos del sector público a quienes intimiden o amenacen a jueces, fiscales, alguaciles, árbitros, peritos o intérpretes para influir en sus decisiones.
El nuevo Código Penal de la República Dominicana, Ley 74-25, tipifica en su artículo 331 la amenaza a las autoridades jurisdiccionales y públicas en ocasión de sus funciones. La disposición establece que quien intimide o amenace a un juez, miembro del Ministerio Público, alguacil o cualquier otra persona que ostente una función jurisdiccional, o a un árbitro, perito o intérprete, con el propósito de influir en sus decisiones o declaraciones, será sancionado con 2 a 3 años de prisión menor y multa de 9 a 15 salarios mínimos del sector público.
La norma responde a una práctica común en los tribunales, donde actores del proceso, imputados y otras personas violentan la solemnidad del tribunal, intimidando o amenazando a jueces, fiscales y alguaciles dentro y fuera de las instalaciones. Con esta legislación se busca poner fin a esas conductas y garantizar el respeto a la función jurisdiccional.
Además de la pena principal, los condenados deberán indemnizar por los daños y perjuicios causados al juez, fiscal, alguacil, árbitro, perito o intérprete agraviado, pagar los gastos legales del proceso y una multa en favor del Estado que puede oscilar entre 9 y 15 salarios que percibe la autoridad agraviada. Quien no pueda pagar la multa podría cumplir hasta 6 meses más de prisión.
El artículo también contempla penas complementarias previstas en los artículos 251, 30, 34, 39 y 41 del mismo código, que podrían incluir la suspensión temporal o definitiva del ejercicio de la función, y la posibilidad de que se soliciten medidas de coerción. El cúmulo de penas con otros tipos penales podría agravar la condena. La ley se reputa conocida por todos los dominicanos, por lo que se recomienda su lectura para evitar consecuencias legales.
