Ley 74-25 tipifica actividad sexual no consentida en la pareja con penas de 10 a 20 años
La entrada en vigencia del nuevo Código Penal dominicano, con su Artículo 136 sobre ‘actividad sexual no consentida en la relación de pareja’, ha desatado un intenso debate nacional. El analista legal Armando Olivero cuestiona el impacto de la norma en la estabilidad familiar y la califica como parte de agendas internacionales.
La República Dominicana aprobó un nuevo Código Penal mediante la Ley 74-25, que en su Artículo 136 tipifica la ‘actividad sexual no consentida en la relación de pareja’ con penas de 10 a 20 años de reclusión, equiparables a las de homicidio o crímenes de mayor gravedad. Esta disposición ha generado un amplio debate en el país, donde diversos sectores alertan sobre su posible impacto en la familia.
El análisis del experto legal Armando Olivero sostiene que, aunque la norma se presenta como un mecanismo de protección jurídica, en la práctica procesal y en la dinámica cotidiana del hogar amenaza con convertirse en un factor de desintegración del núcleo fundamental de la nación. La Constitución dominicana consagra a la familia como base de la sociedad y obliga al Estado a garantizar su protección integral, lo que contrasta con la complejidad probatoria de este tipo penal en el ámbito de la intimidad conyugal.
Olivero advierte que la aplicación de esta figura abre la puerta a la subjetividad, la manipulación procesal y la instrumentalización de la justicia en momentos de conflicto o ruptura matrimonial. Además, señala que este tipo de reformas no responde a una demanda genuina de las familias dominicanas, sino a la implementación de agendas impulsadas por organismos internacionales que buscan redefinir el matrimonio tradicional e imponer modelos jurídicos ajenos a nuestra idiosincrasia.
La experiencia en varios países de Europa donde se han adoptado legislaciones similares evidencia, según el analista, resultados alarmantes: lejos de reducir la violencia o fomentar el respeto mutuo, estas normativas han acelerado la tasa de divorcios, han judicializado la vida privada y han sembrado un clima de desconfianza permanente entre las parejas. El debate queda abierto sobre si el derecho penal debe entrar en la habitación matrimonial como un elemento punitivo y divisor, o si se requieren marcos legales preventivos, educativos y protectores que fortalezcan la convivencia.
