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El laberinto financiero de los planes complementarios de salud en República Dominicana

El laberinto financiero de los planes complementarios de salud en República DominicanaEl laberinto financiero de los planes complementarios de salud en República Dominicana

Mientras el paciente no paga, las clínicas esperan hasta seis meses por la ARS

La sostenibilidad de los planes complementarios de salud en República Dominicana depende de un equilibrio frágil: el afiliado recibe cobertura al 100% sin pagos directos, pero la red de clínicas y médicos asume un desfase financiero que puede extenderse hasta seis meses.

Cada vez más familias dominicanas adquieren un plan complementario de salud para obtener mayor cobertura, menos copagos y mejores beneficios. Sin embargo, el recorrido financiero del servicio apenas comienza cuando el paciente sale del centro de salud sin pagar.

La clínica queda a la espera de que la ARS complete su auditoría y efectúe el pago, habiendo comprometido previamente medicamentos, insumos, personal médico e infraestructura. Este desfase no pone en riesgo directo la solvencia general del Sistema Dominicano de Seguridad Social, según la Resolución CNSS No. 48-13, que exige financiamiento con recursos de afiliados y empleadores, autorización de la SISALRIL y separación técnica y financiera en cada ARS.

El problema de fondo es la liquidez operacional de la red prestadora. Existen casos documentados en el sector donde el tiempo de liquidación de pagos se extiende hasta seis meses. Ese desfase no lo asume la ARS ni lo percibe el paciente; lo absorben las clínicas mes tras mes. No es un caso aislado, sino un desafío estructural.

A esto se suma que los servicios complementarios suelen liquidarse bajo los mismos tarifarios del Plan Básico de Salud, pese a exigir estándares de oportunidad y cobertura superiores. Mientras que en el PBS la SISALRIL debe comprobar excesos de uso y el CNSS puede ajustar cuotas, en los complementarios la regulación delega casi todo al criterio de cada ARS. No hay plazo máximo de pago ni tarifas diferenciadas obligatorias, un vacío normativo que presiona la sostenibilidad del modelo.

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