Manifestación en tribunales refleja la polarización social ante denuncias de maltrato
Mientras el país sigue con atención el proceso judicial contra el pastor Angel Capellán, acusado de abusar de menores en Haina, un grupo de fieles y exresidentes de su fundación se manifestó este jueves en San Cristóbal para defenderlo, evidenciando las tensiones entre la fe, la justicia y la protección de la niñez en República Dominicana.
La concentración en el Palacio de Justicia de San Cristóbal reunió a padres, familiares y personas que aseguran haber vivido en la fundación ‘Restaurando Vida, un Muerto que Revive’, quienes con lágrimas y oraciones expresaron su respaldo al religioso. ‘Yo lloro por la impotencia porque todo lo que dicen ahí es mentira’, declaró Julia Santos, madre de una joven que permanece en el centro desde hace cuatro años, y quien justificó su decisión por la necesidad de trabajar y no poder supervisar a su hija.
El caso, que salió a la luz tras la fuga de un niño de 12 años que denunció maltratos y trabajos forzados, ha generado un intenso debate nacional sobre las condiciones en que operan fundaciones que acogen a menores vulnerables. Los manifestantes, sin embargo, cuestionan la versión de la madre del menor y afirman que habría enviado mensajes de voz con una postura distinta, aunque esta información no ha sido confirmada de manera independiente.
Entre los defensores del pastor se encontraba Obispo Montero, quien aseguró haber permanecido más de tres años en la fundación. ‘Tuve más de tres años en esa fundación. Buenísima. Te digo que fui en un momento de reflexión para mi vida. Hoy, gracias a Dios, soy un hombre profesional, formado, tengo mis negocios personales y he crecido’, relató, mientras otros simpatizantes afirmaban que ‘el único mal que ha cometido es salvar a niños que han estado en la calle’.
El caso ha puesto en el centro del debate la necesidad de fortalecer los mecanismos de supervisión estatal sobre las instituciones de acogida, así como el papel de la fe y las creencias religiosas en la formación de la opinión pública. La presión mediática y las condenas anticipadas fueron criticadas por los manifestantes, quienes exigen que se respete la presunción de inocencia del pastor.
Mientras el proceso judicial continúa, organizaciones de derechos humanos y voces de la diáspora dominicana siguen de cerca el desarrollo del caso, que podría sentar precedentes sobre cómo el país maneja las denuncias de abuso infantil en entornos religiosos y comunitarios.
