Ministerio Público pide cuatro meses más para acusar; decisión marca tendencia en lucha contra la impunidad
El caso Senasa, uno de los mayores escándalos de corrupción en República Dominicana con más de 19,000 millones de pesos en juego, dio un paso clave este miércoles cuando la defensa del exdirector Santiago Hazim no objetó la solicitud de prórroga del Ministerio Público.
Durante la audiencia celebrada en el Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, el abogado Miguel Valerio, representante de Santiago Hazim, señaló que el expediente es complejo y que los fiscales de la Pepca y la Dirección de Persecución tienen derecho a pedir más tiempo. La postura de no oposición fue compartida por el abogado Hiroito Reyes, defensor del imputado Germán Rafael Robles Quiñones, ex consultor jurídico de Senasa.
El juez Deiby Timoteo Peguero aplazó para el 4 de septiembre la decisión sobre la solicitud de cuatro meses adicionales presentada por los fiscales Wilson Camacho y Mirna Ortiz. El aplazamiento se debió a la ausencia de la defensa del imputado Francisco Minaya, cuyo padre falleció la noche del martes, un hecho que humaniza el proceso y que fue considerado por el tribunal.
El caso, que involucra a diez acusados, incluyendo a Hazim y a otros exfuncionarios, ha revelado una red que operó entre 2020 y 2025 y que habría defraudado al Estado dominicano mediante sobornos, sobrevaluaciones y contratos ilegales en el sistema público de riesgos de salud. Las investigaciones iniciales hablaban de 15,000 millones de pesos, pero la cifra se ha elevado a más de 19,000 millones.
Los acusados enfrentan cargos por coalición de funcionarios, prevaricación, asociación de malhechores, estafa, desfalco, soborno, lavado de activos y falsificación. De ellos, cinco están en prisión preventiva en Las Parras, incluido Hazim, mientras que los demás, como Eduardo Read Estrella y Cinty Acosta Sención, están bajo arresto domiciliario, algunos de los cuales han admitido haber pagado sobornos.
Este caso se ha convertido en un referente de la lucha contra la corrupción en el país y en la región, al punto de que la comunidad internacional y la diáspora dominicana siguen de cerca cada paso. La decisión del 4 de septiembre no solo definirá el futuro procesal de los imputados, sino que enviará una señal sobre la capacidad del sistema judicial para sancionar la corrupción a gran escala.
