Fraude de más de RD$15,000 millones sacude confianza en sistema de salud dominicano
El Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional decidió este jueves prorrogar por cuatro meses el plazo para que el Ministerio Público presente la acusación en el caso Senasa, mientras que la defensa de Santiago Hazim, exdirector del seguro de salud, no logró que se le variara la prisión preventiva. El caso, que involucra un presunto desfalco millonario, coloca en el centro del debate la necesidad de fortalecer los mecanismos de control en las instituciones públicas del país.
El juez Deybi Timoteo Peguero, del Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, acogió la solicitud del Ministerio Público de extender por cuatro meses la fase de investigación en el caso de corrupción administrativa contra Santiago Hazim y otros implicados en el fraude al Seguro Nacional de Salud (Senasa). Durante la audiencia, la defensa de Hazim pidió que se le cambiara la prisión carcelaria por domiciliaria, petición que fue rechazada por el tribunal, que consideró que aún persisten los riesgos procesales.
El tribunal recordó que el proceso se inició el 11 de diciembre de 2025, cuando se declaró la complejidad del caso, y que el plazo original vencía el 11 de agosto de este año. El Código Procesal Penal permite, por única vez, extender el plazo de investigación bajo condiciones específicas, y el juez Peguero entendió que en este caso se cumplen, por lo que el Ministerio Público tendrá hasta diciembre para presentar la acusación formal.
El Ministerio Público acusa a Hazim y a los otros imputados de defraudar al Estado dominicano por más de 15,000 millones de pesos, cifra que investigaciones posteriores elevan a más de 19,000 millones. La supuesta estructura habría operado entre 2020 y 2025, afectando el sistema público de riesgos de salud, lo que pone en evidencia la vulnerabilidad de los recursos destinados a la protección social de los ciudadanos.
En el expediente figuran como imputados Santiago Hazim, Rafael Luis Martínez Hazim, Gustavo Enrique Messina Cruz, Germán Rafael Robles Quiñones, Francisco Iván Minaya Pérez, Ada Ledesma, Eduardo Read Estrella, Cinty Acosta Sención y Heidi Mariela Pineda Perdomo. Los delitos provisionales incluyen coalición de funcionarios, prevaricación, asociación de malhechores, estafa contra el Estado, desfalco, cobro de sobornos, lavado de activos y falsificación de documentos, lo que refleja una presunta red de corrupción de alta complejidad.
Este caso se suma a una tendencia regional de escándalos de corrupción en sistemas de seguridad social, lo que podría generar presiones internacionales para que República Dominicana fortalezca sus instituciones y garantice la rendición de cuentas. La diáspora dominicana, especialmente en Estados Unidos y Europa, sigue de cerca el proceso, que se ha convertido en un símbolo de la lucha contra la impunidad en el país.
