Expertos advierten sobre retrocesos en salud reproductiva en Mesoamérica y
En el Día de Acción Global por el Acceso al Aborto Legal y Seguro, celebrado cada 28 de septiembre desde 1990, se recordó a los gobiernos la importancia de legalizar la interrupción del embarazo para reducir complicaciones por aborto inseguro y clandestino, causa de mortalidad de mujeres en muchos países de la región. República Dominicana, con prohibición absoluta, enfrenta altos índices de mortalidad.
Según datos del Instituto Guttmacher y la Organización Mundial de la Salud (OMS), la disparidad en la seguridad de los procedimientos se relaciona directamente con los marcos regulatorios de cada país. Donde persiste una prohibición absoluta como la nuestra, aumenta el indicador hacia mercados clandestinos e insalubres con mayores índices de mortalidad.
En el contexto global, Sara Fernández Moreno, académica, activista feminista y profesora titular de la Universidad de Antioquia, Facultad Nacional de Salud Pública, Héctor Abad Gómez, Medellín, en su exposición “Retrocesos y desafíos en la Salud Sexual y Salud Reproductiva de las mujeres en Mesoamérica y El Caribe”, explicó que Centroamérica y concentran 4 de los 10 países con las leyes más punitivas del mundo, y entre ellos está República Dominicana. Fernández Moreno habló de una maternidad temprana altamente concentrada en sectores de pobreza extrema en menores de 15 años por violencia sexual, además de un retroceso sistémico debido al conservadurismo institucional y la inaplicación de educación sexual, todo agravado por una tendencia a la reducción deliberada de datos e indicadores públicos de salud (opacidad estatal).
La experta advirtió que, además del costo humano y financiero, enfrentamos generaciones futuras con una trayectoria educativa rota sumida en la trampa de pobreza y precariedad laboral, además de la pérdida de autonomía sobre los propios cuerpos de más de la mitad del pueblo.
El panorama legislativo dominicano tomó un giro técnico y estratégico, y el debate de décadas estancado en posturas morales cambia a partir de un colectivo de destacadas abogadas, abogados y legisladores que presentaron propuestas jurídicas específicas para reformular los artículos 110 y 111 que mantienen la penalización absoluta del aborto en el nuevo Código Penal, alineándolos con los derechos fundamentales reconocidos en la propia Constitución dominicana.
