Mientras Abinader actúa por decreto, el Congreso mantiene congeladas cuatro iniciativas clave
El presidente Luis Abinader declaró el miércoles la lucha contra el terrorismo medioambiental como prioridad estratégica mediante un decreto, pero en el Congreso siguen sin aprobarse desde 2025 cuatro proyectos que tipifican el ecocidio y blindan cordilleras, reflejando una contradicción entre la acción ejecutiva y la inacción legislativa.
El decreto presidencial, presentado por Luis Abinader, busca superar la debilidad de marcos legales previos que permitían a infractores recuperar la libertad en pocos días. Sin embargo, la medida contrasta con el estancamiento en el Congreso, donde la mayoría oficialista no ha impulsado la aprobación de cuatro proyectos de ley depositados por la diputada Llaniris Espinal, que ofrecen soluciones permanentes y financiamiento garantizado.
Entre las iniciativas congeladas destaca la tipificación del delito de ecocidio, definido como daño grave, extenso o duradero contra la biodiversidad, con penas de 10 a 20 años de prisión y responsabilidad penal para empresas, incluyendo clausura y confiscación de bienes. Otra propuesta declara la cordillera Central como Territorio de Seguridad Nacional, prohibiendo la minería metálica y extinguiendo concesiones, mientras que una tercera protege la cordillera Septentrional y crea un centro de vigilancia en Santiago.
El paquete incluye además la regulación del arbolado urbano, con una franja de 30 metros en ríos urbanos y el reconocimiento de personalidad jurídica a los árboles, un enfoque innovador que sigue tendencias internacionales de derechos de la naturaleza. Estas leyes complementarían el nuevo Código Penal, vigente desde agosto, que establece condenas de 20 a 30 años para quienes atenten contra áreas protegidas.
La parálisis legislativa ocurre pese a que el decreto carece de la fuerza de una ley, lo que genera incertidumbre sobre la protección efectiva de los ecosistemas a largo plazo. Expertos señalan que la presión internacional y de la diáspora dominicana, preocupada por el deterioro ambiental, podría ser clave para destrabar las iniciativas, especialmente en un contexto donde América Latina avanza en legislación ambiental más estricta.
Mientras tanto, el Gobierno se ampara en el decreto y el Código Penal para actuar, pero organizaciones ambientalistas advierten que sin leyes específicas, la lucha contra el ecocidio seguirá siendo incompleta y vulnerable a cambios de administración. La comunidad internacional observa si República Dominicana cumplirá sus compromisos de sostenibilidad o si el discurso se quedará en declaraciones simbólicas.
