Institución niega representación a empresas; caso Camaleón marca precedente nacional
El director de la Defensa Pública, Rodolfo Valentín, anunció que la institución no representará a empresas privadas y que acudirá al Tribunal Constitucional para frenar requerimientos judiciales que considera una trampa, un pulso que redefine el alcance de la justicia gratuita en República Dominicana.
La Oficina Nacional de la Defensa Pública, liderada por Rodolfo Valentín, se mantiene firme en su negativa a asignar abogados a empresas privadas, desafiando a tribunales del Distrito Nacional que han exigido su intervención bajo amenaza de desacato. La controversia, que escaló en el caso Camaleón, ahora está en manos del Tribunal Constitucional, que deberá dirimir si la interpretación judicial sobre el concepto de «persona» es válida.
Valentín, quien también coordina la Asociación Interamericana de Defensorías Públicas para el Caribe, subrayó que la Constitución y la Ley de la Defensa Pública limitan el servicio a personas físicas sin recursos. «No conocemos ningún país de Iberoamérica donde el Estado defienda a empresas privadas», afirmó, citando como única excepción a España, que asiste a ONG y fundaciones sin fines de lucro, pero no a compañías comerciales.
El caso ha generado un debate nacional sobre los límites del sistema de justicia y las estrategias procesales. Valentín acusó a «jueces, fiscales y abogados privados» de caer en «trampas malintencionadas» al intentar que el Estado asuma defensas que corresponden al sector privado. Mientras tanto, algunos tribunales han declarado en rebeldía a las empresas imputadas, pero continúan los procesos contra personas físicas, garantizando su derecho a defensa.
Este pulso institucional tiene implicaciones para la diáspora y el entorno legal regional. En República Dominicana, la Defensa Pública es un pilar del acceso a la justicia, y su postura podría influir en otros países del Caribe. La decisión del Tribunal Constitucional, aún pendiente, sentará un precedente clave sobre la interpretación de los derechos fundamentales y el rol del Estado frente a intereses privados.
Mientras se resuelven los recursos, la institución reafirma su compromiso con los más vulnerables, pero deja claro que no cederá a presiones externas. «No vamos a caer en esa trampa», sentenció Valentín, en un mensaje que resuena más allá de las fronteras nacionales.
