Coalición denuncia transferencias millonarias, pero omite que copagos ilegales de PSS superan los 24,000 millones en un año
Un informe de la Coalición por una Seguridad Social Digna critica que las ARS privadas acumularan 24,000 millones en beneficios en 18 años, pero silencia que los copagos ilegales cobrados por las PSS superan ese monto en solo un año, sin factura ni impuestos. El debate revela tensiones sobre el modelo de seguridad social y el derecho de los afiliados a elegir.
La Coalición por una Seguridad Social Digna presentó un informe que abarca de 2010 a 2024, indicando que el 90% de los recursos del Régimen Contributivo (RC) y el 52.3% del Régimen Subsidiado (RS) se transfirieron a prestadores privados de servicios de salud (PSS). La Coalición afirma que estos más de 73 mil millones de pesos debieron ir a prestadores públicos, un financiamiento sustraído contra la Ley 87-01.
No obstante, el análisis sostiene que estas cifras son ciertas pero ocultan grandes verdades. La Coalición califica los pagos como ‘transferencias’ para confundir, evitando reconocer que son pagos reales de las ARS a las PSS privadas, motivados por las preferencias de más de 10 millones de afiliados. Esto implicaría aceptar que los servicios públicos de salud son insuficientes, inoportunos y de baja calidad para la mayoría.
La Ley 87-01 nunca asigna recursos directamente a los hospitales (PSS) porque no garantiza un retorno adecuado en servicios de calidad. Los afiliados cotizan y deciden libremente a cuáles ARS y PSS asignar sus recursos. La Coalición, al ignorar este derecho, promueve la estatización total de la salud, según el texto. Se critica que no se valora que los afiliados eligen conscientemente según sus necesidades.
Se desconoce que en solo un año los copagos ilegales cobrados por las PSS superan los 24,000 millones de beneficios de las ARS privadas en 18 años, sin factura ni impuestos. La atención privada no es óptima, pero es más oportuna, confiable y personalizada que la pública. Las deficiencias y el deterioro de la medicina pública han acelerado las preferencias por la medicina privada, incluso entre las familias más pobres.
