La derecha regional se alinea con Netanyahu mientras la diáspora dominicana observa.
En 2025, República Dominicana y otros países latinoamericanos firmaron acuerdos con Israel, reflejando un giro político que redefine las relaciones internacionales de la región.
La diplomacia latinoamericana es cada vez más volátil: gobiernos cambian de aliados según sus intereses inmediatos. En 2025, Colombia, Argentina, Chile, Ecuador, Honduras y República Dominicana han estrechado lazos con Israel, en contraste con las posturas pro-palestinas de años anteriores. Este viraje responde a una ola de derecha que ha ganado 13 de las últimas 16 elecciones en la región.
Para República Dominicana, la firma de acuerdos de seguridad con Israel en 2025 es un paso estratégico que busca modernizar sus fuerzas armadas y acceder a tecnología de inteligencia. Sin embargo, analistas como Ranaan Rein advierten que se trata de alianzas de corto plazo, sin un proyecto de integración profunda, lo que podría dejar al país vulnerable a cambios políticos futuros.
El contexto internacional es clave: Israel, liderado por Netanyahu, necesita nuevos aliados tras perder apoyo por su ofensiva en Gaza. La industria militar israelí exportó 19,200 millones de dólares en 2025, pero América Latina solo representa el 2%, por lo que hay un enorme potencial de crecimiento. República Dominicana podría beneficiarse de esta dinámica, pero también enfrenta riesgos de alinearse con un país cuestionado por la comunidad internacional.
La diáspora dominicana en Estados Unidos y otros países observa estos movimientos con atención. La relación con Israel no solo tiene implicaciones políticas, sino también económicas y sociales, especialmente en un año electoral donde los candidatos buscan definir su posición en el tablero internacional. ¿Será esta una alianza duradera o una moda pasajera?
Lo cierto es que América Latina está en una encrucijada: mientras algunos gobiernos miran hacia Israel, otros mantienen lazos con Irán o Palestina. República Dominicana, por su parte, parece apostar por la seguridad y la tecnología, aunque el costo político podría ser alto si la opinión pública se moviliza en contra.
