Proyecto pasa a Diputados con sanciones que incluyen suspensión de fondos públicos
El Senado aprobó este martes en segunda lectura una modificación a la Ley 33-18 de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos, orientada a fortalecer la integridad y transparencia del financiamiento político. La iniciativa ahora pasa a la Cámara de Diputados para completar el proceso legislativo.
La reforma introduce nuevos mecanismos de prevención para evitar la infiltración del crimen organizado, el lavado de activos y el financiamiento ilícito dentro de las estructuras partidarias. También refuerza las facultades de supervisión de la Junta Central Electoral (JCE).
Entre las principales disposiciones, los partidos deberán implementar programas internos de cumplimiento normativo, establecer procedimientos de debida diligencia para verificar antecedentes de candidatos, donantes y financistas, y crear órganos especializados de control e integridad. Los aspirantes a cargos de elección popular deberán presentar declaraciones juradas de patrimonio, certificaciones de no antecedentes penales nacionales y de los países donde hayan residido en los últimos 15 años, así como pruebas antidopaje actualizadas.
La iniciativa también busca fortalecer la fiscalización de los recursos que reciben las organizaciones políticas, obligándolas a identificar el origen de los fondos, garantizar la trazabilidad de las contribuciones y rechazar aportes vinculados a actividades ilícitas. Se contemplan sanciones para los partidos que incumplan, incluyendo la suspensión de la entrega de fondos públicos hasta que regularicen su situación ante la JCE.
Con la aprobación en segunda lectura quedan modificados los artículos 3, 24, 26, 27, 30, 32, 49, 50, 56, 60, 63, 64, 66, 67, 68, 69, 70, 71 y 72 de la Ley 33-18, pero deberán ser acogidos en la Cámara Baja. La reforma se enmarca en una tendencia regional de endurecer controles al financiamiento político.
