Expertos ven la medida como positiva pero insuficiente ante el deterioro ecológico nacional.
Santo Domingo, RD. – La Academia de Ciencias de República Dominicana calificó como «tardía» la emisión del decreto 615-26, que declara la lucha contra el terrorismo medioambiental como prioridad estratégica para la seguridad del Estado, y advierte que la clave está en aplicar las leyes existentes.
En un contexto global donde los delitos ambientales son considerados una amenaza a la seguridad, la República Dominicana ha dado un paso con el decreto 615-26. Sin embargo, la Comisión de Ciencias Naturales y Medio Ambiente de la Academia de Ciencias considera que esta respuesta llega después de que la degradación de bosques, montañas y humedales ya ha causado daños significativos al patrimonio natural del país.
El organismo subrayó que el país posee un amplio marco legal, que incluye la Constitución, la Ley 64-00, la Ley 202-04 y la Ley 333-15, así como acuerdos internacionales vinculantes. «Lo que se necesita es poner en práctica las herramientas jurídicas existentes», afirmaron los científicos, quienes ven con preocupación que las autoridades no hayan actuado con la celeridad que exige la crisis ecológica.
La Academia también señaló deficiencias en el Ministerio de Medio Ambiente, la Procuraduría Especializada y el Senpa, cuyas acciones de persecución y control han sido débiles frente a ocupaciones ilegales y daños ambientales. Esta crítica se da en un momento en que la comunidad internacional observa el desempeño ambiental de la República Dominicana como un indicador de su compromiso con los acuerdos climáticos y la biodiversidad.
El decreto 615-26 podría ser una herramienta para fortalecer la respuesta estatal, pero los expertos insisten en que sin voluntad política, planificación y un compromiso institucional serio, será ineficaz. La Academia prometió mantenerse vigilante y contribuirá a la defensa del patrimonio natural, mientras la diáspora y los organismos internacionales esperan acciones concretas.
Este debate refleja una tendencia regional: los gobiernos adoptan discursos de seguridad ambiental, pero la implementación efectiva sigue siendo el talón de Aquiles. Para República Dominicana, la urgencia es mayor, dado su estatus de país megadiverso y su vulnerabilidad al cambio climático.
