Fallo sienta precedente sobre negligencia estatal y uso de fondos públicos
El Tribunal Constitucional confirmó la extinción del recurso de casación de Bienes Nacionales, lo que obliga al Estado a pagar 2,693.9 millones de pesos por terrenos en la avenida José Contreras, en un caso que evidencia fallas en la defensa jurídica estatal.
El Estado dominicano deberá desembolsar 2,693.9 millones de pesos por 117,937.80 metros cuadrados de terrenos en el área de la avenida José Contreras, en el Distrito Nacional, luego de que el Tribunal Constitucional (TC) confirmara la decisión de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) que declaró extinguido el recurso de casación de la Dirección General de Bienes Nacionales (DGBN) por inactividad procesal durante tres años.
Los terrenos fueron declarados de utilidad pública en 1988 para la ampliación de la avenida José Contreras, el embellecimiento de los farallones del Parque Mirador del Sur y la construcción de viviendas de interés social para los desplazados. En la actualidad, parte del área alberga el residencial José Contreras.
Bienes Nacionales sostuvo que el monto era excesivo y que en 2000 el Poder Ejecutivo autorizó la adquisición de 117,935.69 metros cuadrados por 35,380,707 pesos, a razón de 300 pesos por metro cuadrado. Luego se formalizó un acto de venta con un pago de 36 millones de pesos y un recibo de descargo. Según la institución, el balance pendiente era de 30,576,279.20 pesos, que indexado por el Banco Central llegaría a 120,244,275.58 pesos. También cuestionó que el avalúo privado incluyera obras estatales como calles asfaltadas, aceras y alumbrado público.
El TC rechazó los argumentos de Bienes Nacionales, que alegó que los abogados de los recurridos habían presentado un memorial en julio de 2022 solo por otros dos sucesores. El tribunal consideró que la legislación de casación ofrecía un mecanismo específico para responder a la falta de comparecencia y que la institución no lo utilizó, por lo que la condena queda firme.
