ONEC pide que no se premie a quienes evaden y que se apliquen sanciones correspondientes
La Dirección General de Aduanas informó que en el primer semestre de 2026 recuperó RD$1,652 millones por impuestos no declarados por 389 importadores asiáticos, mientras la ONEC advierte que la evasión fiscal genera competencia desigual y reduce los recursos del Estado.
La Organización Nacional de Empresas Comerciales (ONEC) advirtió que la competencia entre empresas no debe traducirse en una ventaja para quienes evaden impuestos o incumplen obligaciones laborales y regulatorias frente a los negocios que asumen esos costos, por lo que en el país no se puede premiar a quien incumple la ley. La directora ejecutiva del gremio, Jennifer Troncoso, planteó que el cumplimiento de las obligaciones establecidas por ley no puede convertirse en un factor que encarezca la operación de las empresas formales frente a aquellas que reducen sus costos mediante incumplimientos, como la evasión fiscal.
“La competencia no puede reducirse a quién evade más impuestos o incumple más obligaciones. Cumplir la ley no puede convertirse en una desventaja competitiva”, afirmó Troncoso. La posición de la organización se produce mientras la Dirección General de Aduanas (DGA) ha reforzado sus procesos de fiscalización.
La institución informó que durante el primer semestre de 2026 recuperó RD$1,652 millones correspondientes a impuestos no declarados por 389 importadores asiáticos. Aduanas también ha ampliado las verificaciones posteriores al despacho en establecimientos comerciales de Santo Domingo y Santiago, como parte de sus controles sobre las mercancías importadas y las obligaciones tributarias asociadas.
Para la ONEC, estas acciones muestran la necesidad de mantener los controles sobre las operaciones comerciales, debido a que los incumplimientos tributarios generan diferencias de costos entre empresas que operan bajo las mismas reglas formales. Troncoso sostuvo que el problema no se limita al efecto sobre las empresas, debido a que la evasión reduce también los recursos que deben ingresar al Estado y altera las condiciones en las que compiten los negocios que cumplen con sus obligaciones. “Esto no se trata de limitar la competencia, sino de garantizar que todos compitamos bajo las mismas reglas. Cuando una fiscalización determine incumplimientos, deben aplicarse las sanciones correspondientes y, en aquellos casos donde se comprueben ilícitos que por su naturaleza americen judicialización, los procesos deben llegar a las instancias competentes”, puntualizó.
