El contralor Geraldo Espinosa pidió a las instituciones cumplir las normas de control para evitar descensos de la unidad antifraude, que ya ha llevado a tribunales varios casos, mientras el país avanza en la modernización del sistema de control interno.
Santo Domingo.- En un foro sobre gobernanza y transparencia, el contralor general de la República, Geraldo Espinosa, instó a las instituciones públicas a fortalecer sus controles internos para evitar la intervención de la unidad antifraude, que realiza labores de control preventivo y auditorías forenses. «Traten por todos los medios de que los profesionales de la unidad antifraude de la Contraloría no hagan descenso en sus instituciones», dijo.
Espinosa recordó que las investigaciones de la unidad han derivado en casos judicializados, lo que evidencia el fortalecimiento de las capacidades del Estado para detectar operaciones que afecten el patrimonio público. Además, destacó la creación de «Alerta Segura CGR», un canal para que la ciudadanía denuncie irregularidades en compras, contrataciones y ejecución de recursos.
Durante su participación en el foro «Fortaleciendo la Gobernanza para una Gestión Íntegra y Transparente», organizado por la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP), Espinosa señaló que uno de los principales desafíos es ampliar la cobertura del Sistema Nacional de Control Interno. En ese sentido, informó que las Unidades de Auditoría Interna (UAI) pasaron de 197 a 313, lo que permite una mayor presencia de auditores en las instituciones.
No obstante, el contralor advirtió que el control no debe ser un obstáculo para los pagos oportunos a proveedores y contratistas. «Prácticas como la retención injustificada de facturas en las unidades ejecutoras o áreas financieras deben quedar en el pasado», afirmó, en un llamado a mejorar la eficiencia sin sacrificar la transparencia.
El evento contó con la participación de Andreinys Guerrero, encargada de investigaciones de la unidad antifraude; César Thomas, director financiero; Milagros Ortiz Bosch, directora de Ética e Integridad Gubernamental; Carlos Pimentel, director de Contrataciones Públicas, y Leónidas Radhamés Peña, director de la unidad antifraude.
