Las cooperativas forman parte de la vida económica de millones de dominicanos.
Están presentes en el ahorro, el crédito, la vivienda, el transporte, la producción agropecuaria y los servicios múltiples.
En muchas comunidades llegan donde no siempre llegan los bancos comerciales o las asociaciones de ahorro y crédito.
Por eso hay que cuidarlas.
Pero cuidarlas no significa dejarlas solas.
Significa fortalecerlas, supervisarlas mejor y actualizar sus reglas para que sigan cumpliendo su función social y económica sin poner en riesgo la confianza de sus socios.
El cooperativismo es una de las expresiones más importantes de la economía asociativa en República Dominicana.
El país cuenta con más de 2,500 cooperativas, con presencia en sectores diversos.
En conjunto, agrupan a más de 2.5 millones de afiliados y administran más de RD$380 mil millones en activos.
Detrás de esas cifras hay personas que ahorran, toman préstamos, financian una vivienda, compran equipos de trabajo, sostienen pequeños negocios o encuentran apoyo para producir.
En muchos municipios, la cooperativa no es una institución lejana: es la entidad más cercana, la que conoce al socio y entiende la dinámica económica local.
También generan empleo y actividad económica.
Se estima que el sector crea más de 6,000 empleos directos y se conecta con una red de más de 40 mil proveedores.
Su impacto alcanza servicios profesionales, tecnología, seguridad, transporte, construcción, mantenimiento, educación y asistencia técnica.
Las cifras disponibles muestran, además, que su aporte económico supera el costo fiscal asociado a sus beneficios tributarios.
Su contribución al producto interno bruto ronda el 0.28%, mientras el gasto tributario vinculado al sector se estima en 0.03%.
En palabras sencillas: el país deja de recaudar, pero recibe a cambio una actividad que genera valor, financiamiento, empleo e inclusión.
Y precisamente, por esa importancia hay que protegerlas.
República Dominicana cuenta con un marco legal para el sector.
La Constitución reconoce el régimen cooperativo en su artículo 222.
También existen normas como la Ley 127-64 sobre Asociaciones Cooperativas, la Ley 155-17 contra el lavado de activos, el Código Tributario y otras disposiciones vinculadas al cumplimiento.
El problema es que la ley principal del sector tiene más de seis décadas.
Fue pensada para una economía distinta, cuando había menos cooperativas, las operaciones eran más simples y los riesgos financieros, tecnológicos y de lavado de activos no tenían la complejidad actual.
El país cambió.
Las cooperativas también.
Hoy existen entidades pequeñas, medianas y grandes.
Algunas son de ahorro y crédito; otras son agropecuarias, de transporte, vivienda o servicios múltiples.
Por eso, la discusión regulatoria debe partir de una idea sencilla: no todas las cooperativas son iguales y no todas deben ser reguladas de la misma manera.
La economía asociativa genera efectos positivos y hay que seguir cuidándola.
Pero cuidar también implica poner reglas claras.
Así como en una familia no todos los hijos requieren la misma atención, en el cooperativismo no todas las entidades deben ser reguladas con la misma intensidad.
Una cooperativa agropecuaria pequeña no enfrenta los mismos riesgos que una cooperativa de ahorro y crédito con miles de socios y una cartera financiera significativa.
Por eso, actualizar la ley y fortalecer la supervisión debe entenderse como una forma de protección, no como un castigo.
En los últimos años, varios casos de irregularidades han encendido las alarmas.
Fraudes, liquidaciones, conflictos internos, nóminas cuestionadas y directivos que se eternizan en el poder han mostrado que cuando falla la gobernanza, quienes pagan el costo son los afiliados.
Y ese es el peor daño que puede recibir el cooperativismo: la pérdida de confianza.
La confianza es el principal activo de una cooperativa.
Más que un edificio, una cartera de crédito o un balance financiero, lo que sostiene a estas entidades es la seguridad de que los ahorros están protegidos y que las decisiones se toman con transparencia.
Por eso, fortalecer la supervisión no debe verse como una amenaza, sino como una forma de protección.
El IDECOOP ha tenido históricamente la responsabilidad de fomentar, regular y fiscalizar el sector, pero necesita mayores capacidades técnicas, financieras y tecnológicas acordes con el tamaño actual del cooperativismo dominicano.
Las propuestas de reforma que buscan fortalecer la institucionalidad cooperativa van en la dirección correcta, siempre que se construyan con criterio técnico, diálogo con el sector y sentido de proporcionalidad.
Cuidar nuestras cooperativas no es mirar hacia otro lado cuando aparecen irregularidades.
Tampoco es imponerles una camisa de fuerza que desconozca su naturaleza social.
Cuidarlas es actualizar sus reglas, fortalecer su supervisión y preservar la confianza de millones de dominicanos que ven en ellas una herramienta de ahorro, crédito, producción y bienestar.
Porque cuando una cooperativa funciona bien, gana el socio, gana la comunidad y gana el país.
Pero cuando falla, el golpe lo reciben las familias que confiaron en ella.
El autor es economista y docente universitario Tags relacionados LAS MÁS RECIENTES santa lucía INMIGRANTES Asociación Dominicana de Administradoras de Riesgo de Salud (ADARS) estados unidos do sostenible.
